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Mayo de 2024 quedará grabado en la memoria reciente de Costa Rica como el mes en que estuvimos al borde de los cortes eléctricos generalizados.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) activó el protocolo de racionamiento y anunció interrupciones de hasta tres horas diarias por un descenso crítico en los caudales de las hidroeléctricas vinculado al fenómeno El Niño. Los embalses sufrieron su mayor caída en una década y el país vivió una sequía meteorológica prolongada. Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias se redujeron entre 15% y 20% en la mayoría del territorio nacional durante los primeros meses de 2024.
En años normales, cerca del 98% de la electricidad nacional proviene de fuentes renovables y alrededor del 76% la aporta la hidroelectricidad, indica el ICE. Ese logro es motivo de orgullo, pero también una vulnerabilidad: una matriz tan concentrada en el agua nos expone a la variabilidad climática y pone en juego tres pilares fundamentales: la descarbonización, la competitividad económica y la resiliencia del sistema.
Cuando las hidroeléctricas fallan, Costa Rica debe recurrir a plantas térmicas de respaldo. Las cifras son contundentes: la generación térmica pasó de representar apenas 0,5% del total de energía en el primer trimestre de 2023 a un 17,5% en el mismo periodo de 2024. Ese mismo año, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos aprobó aumentos de entre 0,3% y 15% según la empresa distribuidora. Además, la propia Aresep ha estimado que el Costo Variable de Generación aumentó alrededor de 43% por el mayor uso de plantas térmicas, lo que presiona nuevas alzas de cara a 2025.
Más allá del costo monetario, está el costo ambiental. Cada kilovatio hora generado con hidrocarburos retrasa nuestro compromiso de descarbonización. El Programa Estado de la Nación (PEN) señala que, en 2023, el 69,4% de la energía consumida en el país provino de fuentes no renovables como diésel y gasolinas, principalmente para el transporte. Aunque nuestra electricidad es mayoritariamente renovable, la matriz energética total sigue siendo intensiva en combustibles fósiles.
El propio PEN advierte de que el cambio climático impone riesgos crecientes al sistema hidroeléctrico nacional y que es necesario potenciar la capacidad del país para seguir generando electricidad de manera sostenible. Hacerlo puede fortalecer simultáneamente los tres pilares estratégicos.
La descarbonización se profundiza cuando evitamos recurrir a plantas térmicas y electrificamos las flotas empresariales y de transporte público con energía limpia. La competitividad mejora cuando las empresas reducen costos mediante generación propia, eficiencia energética y gestión inteligente de la demanda. La resiliencia aumenta cuando un sistema más descentralizado, con múltiples fuentes renovables y almacenamiento distribuido, puede responder mejor a sequías y picos de consumo.
En este tránsito, las empresas tienen un papel clave. La Ley 10.086, de recursos energéticos distribuidos, permite que quienes cuentan con techos y terrenos disponibles instalen paneles solares, y se conviertan así en prosumidores que generan su propia energía y aportan excedentes a la red. Esta descentralización hace que el sistema sea menos frágil frente a la sequía y los precios internacionales de los combustibles.
Instalaciones solares en techos industriales, centros comerciales y parques empresariales pueden generar energía durante el día, cuando la demanda es alta, lo que reduce la presión sobre las hidroeléctricas. Las microrredes empresariales que combinan generación solar, almacenamiento en baterías y sistemas de gestión inteligente permiten mantener operaciones incluso durante interrupciones del sistema nacional y facilitan una gestión más flexible de la demanda.
La próxima vez que El Niño o La Niña toquen nuestras puertas (y volverán) debemos estar preparados no solo con embalses llenos, sino con una matriz energética más diversa: empresas que generen y gestionen su demanda de manera inteligente, flotas eléctricas que aporten flexibilidad, sistemas de almacenamiento distribuido y reglas claras que premien la eficiencia. Lo que está en juego es la capacidad del país de proteger su desarrollo en un clima que cambia más rápido de lo que pensamos.
María José Bazo es presidenta del clúster para Centroamérica de Schneider Electric.
