La negativa de la fracción oficialista a elegir magistrados suplentes no puede analizarse como un hecho aislado. Se suma al anuncio de Rodrigo Chaves de recortar el presupuesto del Poder Judicial, a la denuncia presentada por el ministro de Justicia contra el fiscal general y a las reiteradas manifestaciones de diputados oficialistas –entre ellos, un abogado que representa a personas acusadas de delitos tan graves como lavado de dinero y narcotráfico– sobre la necesidad de “recuperar” y “limpiar” el Poder Judicial.
En conjunto, estos hechos revelan una estrategia sistemática de debilitamiento institucional desde distintos frentes, cuyo objetivo último parece ser erosionar la independencia judicial.
Ese empeño se explica porque, en buena medida, de la eventual designación de jueces y magistrados afines al chavismo depende el futuro judicial de decenas de altos funcionarios de la pasada y la actual administración. Muchos de ellos enfrentan investigaciones penales que, por ahora, no avanzan debido a la inmunidad que les confieren sus cargos. Sin embargo, saben que esa protección es temporal y que, tarde o temprano, deberán responder ante los tribunales. De ahí la urgencia por contar con jueces y fiscales cercanos que puedan favorecerlos cuando llegue ese momento.
La negativa a elegir magistrados suplentes –una decisión para la que el oficialismo ni siquiera ha intentado ofrecer una explicación convincente– constituye uno de los ataques más graves contra la institucionalidad democrática costarricense de las últimas décadas. Porque no se trata únicamente de impedir un nombramiento: se trata de paralizar deliberadamente el funcionamiento de uno de los poderes de la República para debilitar su capacidad de actuar con independencia.
Al chavismo parece haber dejado de preocuparle incluso preservar las formas. Ya no basta con desacreditar públicamente a jueces, magistrados y fiscales, ni con presentar al Poder Judicial como un enemigo político. Ahora las palabras vienen acompañadas de decisiones concretas dirigidas a erosionar su funcionamiento y su autonomía. Cuando un gobierno deja de conformarse con criticar a los jueces y comienza a crear las condiciones para controlar quiénes administran justicia, lo que está en juego ya no es una disputa entre poderes, sino uno de los pilares esenciales del Estado de derecho.
La independencia judicial no existe para proteger a los jueces; existe para proteger a los ciudadanos frente al abuso del poder. Por eso, cada paso que se da para debilitarla termina afectando mucho más que al Poder Judicial: erosiona el principal contrapeso frente a quienes gobiernan y acerca al país a un modelo en el que la justicia deja de aplicar la ley para convertirse en un instrumento del poder político.
rjgallardon@gmail.com
Roberto J. Gallardo N. es politólogo.