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Costa Rica afronta un momento decisivo. El país que durante décadas construyó movilidad social sobre la base de educación accesible, salud pública sólida e instituciones confiables, vive hoy un deterioro evidente en la calidad y eficacia de sus servicios públicos. Ese desgaste no es una percepción abstracta; se manifiesta en rezagos educativos persistentes, listas de espera crecientes, comunidades afectadas por la inseguridad y una desconfianza ciudadana que erosiona la legitimidad institucional.
La educación sigue siendo el principal promotor de igualdad y progreso personal. Es el mecanismo que abre caminos reales de superación y movilidad social. Esa promesa, sin embargo, exige calidad, pertinencia y rigor. Sin estándares altos, evaluación constante y una cultura de mérito, la educación pierde su capacidad transformadora.
La salud es la infraestructura humana del desarrollo. Sin salud física y mental, no hay aprendizaje efectivo, no hay productividad sostenible ni cohesión social. Fortalecer el sistema de salud no es solo una prioridad sectorial; es una condición estructural para el progreso nacional.
A estos pilares se suma un desafío ineludible: la seguridad. El crecimiento del narcotráfico y de las economías criminales representa una amenaza sistémica. Erosiona comunidades, distorsiona incentivos económicos, infiltra estructuras públicas y mina la confianza colectiva. Sin seguridad, la igualdad de oportunidades se vuelve retórica. El orden es condición previa del desarrollo.
Existe, además, un factor transversal que determinará el éxito o fracaso de cualquier agenda: la transformación institucional. Las leyes son necesarias, pero no suficientes. Un nuevo marco normativo no corrige por sí mismo prácticas arraigadas, incentivos mal alineados ni culturas organizacionales complacientes.
La modernización real exige liderazgo transformacional, profesionalización rigurosa y una cultura institucional orientada a resultados, eficiencia y servicio al ciudadano. Las instituciones se fortalecen cuando quienes las dirigen elevan estándares, eliminan ineficiencias y establecen consecuencias claras frente a la mediocridad y la captura de intereses.
El capital político para aprobar reformas es una oportunidad, pero la transformación cultural es el verdadero desafío. Persistir en los mismos enfoques esperando resultados distintos solo prolonga el deterioro.
El país necesita una estrategia integral que consolide cuatro bases fundamentales:
1) Educación de calidad que premie el esfuerzo y la excelencia.
2) Salud sólida y sostenible como infraestructura humana.
3) Seguridad firme frente al crimen organizado.
4) Instituciones transformadas desde dentro, con liderazgo auténtico y cultura de servicio.
Estos pilares no agotan la agenda nacional, pero constituyen su base estructural. Sobre ellos descansa la capacidad del país para abordar con éxito otros desafíos como infraestructura, competitividad, sostenibilidad fiscal y desarrollo productivo.
La responsabilidad histórica de la próxima administración es recuperar y fortalecer el ecosistema institucional que hizo posible la movilidad social y asegurar que las nuevas generaciones cuenten con las mismas oportunidades de superación que distinguieron al país en sus mejores momentos.
La verdadera reforma no es normativa; es cultural.
gamboa.luigi@gmail.com
Luis Gamboa es empresario, expresidente de Amcham y de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños.
