¿Educación superior gratuita?

Un mejor uso de los recursos financieros. ¿Se debe seguir manteniendo un modelo de gratuidad educativa indiscriminada, que las propias autoridades universitarias reconocen que beneficia mayormente a estudiantes de las familias más acomodadas, aun sabiendo que los recursos públicos se han vuelto escasos, y sin considerar la búsqueda de otras fuentes de financiamiento? ¿No sería justo cobrar a quienes puedan pagar, incluso cantidades inferiores a las que venían pagando en los colegios privados. Asumiendo una suma de 75.000 colones mensuales y que en promedio un 60% del estudiantado puede pagar, se generarían ingresos anuales del orden de 30.000 millones de colones, que representan un 14% del presupuesto universitario, cifra nada despreciable, que se podría emplear en aumentar el cupo y en becas . Visto de otra manera, si las universidades contaran con esos recursos, podrían exigir menos del presupuesto nacional, liberando fondos para otros usos prioritarios y urgentes.

Según han declarado recientemente dirigentes del sector universitario privado, este atiende en la actualidad aproximadamente el 60% del estudiantado, y las públicas, el restante 40%. Esta diferencia, que ha venido aumentando sostenidamente, ocurre, debido, por un lado, a la imposibilidad de las públicas de atender la creciente demanda de estudiantes de nivel superior, y a las limitaciones del presupuesto nacional para las universidades públicas, y, por el otro, al hecho preocupante de que más de la mitad de los estudiantes que acuden a las privadas son de los estratos sociales de menos recursos, que lo hacen porque no consiguen cupo en las públicas, casi siempre porque son aventajados, en las pruebas, por los que provienen de instituciones educativas privadas.

Consecuencias negativas. ¿Qué consecuencias negativas censurables tiene esto? Que los estudiantes de menos recursos se ven obligados a pagarse sus estudios trabajando de día y estudiando de noche, con todo lo limitante y estresante que ello supone, ¡que lo sé yo que lo viví en carne propia! , mientras que los de mayores recursos, gozan de enseñanza gratuita, y de tiempo ocioso, o al menos amplio para estudiar, a pesar de que podrían perfectamente pagar, sin afectar esto último. Se dirá para justificarlo que si ingresan a las públicas es porque califican mejor en las pruebas de admisión, lo cual, aunque cierto, es injusto e inequitativo en un sistema de democracia social. Lo que ocurre en la práctica es un contrasentido ya que más de la mitad de los estudiantes de las universidades privadas son de los sectores menos pudientes, cuando debería ser lo contrario.

Calidad de la enseñanza secundaria. Según cifras citadas en este diario, en el periodo 2004-2.010, ingresaron a la UCR el 20% de los estudiantes de colegios públicos que aplicaron, vs. el 40% de los privados. Esta diferencia es, sin duda, consecuencia de la mayor calidad de la enseñanza privada, lo cual se evidencia en los exámenes de admisión, aprobados por el 82% de los estudiantes egresados de colegios privados, vs. el 58% de los públicos. Se nota también en los promedios de notas, superiores en los privados en un 12%. Tomando en cuenta que es irreal esperar a corto plazo, una mejora cualitativa en la calidad de la enseñanza pública secundaria, que la coloque en igual, o mejor nivel que la privada, debido a falencias del sistema, tales como infraestructura física, y calidad docente, que no se pueden mejorar en forma sustancial en lo inmediato, por limitaciones presupuestarias y humanas, propongo que se planifiquen, organicen y ejecuten, en todos los liceos y colegios públicos, programas de capacitación, con suficiente anticipación, de buena calidad y duración, para mejorar el nivel de preparación de los estudiantes de undécimo año, para los exámenes de admisión a las universidades públicas.

¿Qué hacer, entonces? Primeramente hay que ser realista y asumir que a pesar del aumento de la asignación presupuestaria que se ha logrado, no obstante las ya conocidas limitaciones de recursos y el déficit fiscal, siempre habrá insuficiencia para atender toda la demanda estudiantil, por lo que es inevitable que muchos deban buscar en las universidades privadas. Entonces lo racional y justo es que por una parte las universidades del Estado cobren una cantidad razonable, proporcional a la capacidad económica de la familia del estudiante, que yo propongo en un promedio de 75.000 colones al mes. Se debe modificar el sistema de admisión, sin afectar sensiblemente el concepto meritocrático. En concreto, todo estudiante destacado en sus estudios previos y en las pruebas de admisión, debe tener acceso garantizado, y, si es pobre, debe recibir además una beca de estudios; asimismo, se debe dar mayor cabida gratuita a los de menos recursos, en igualdad de méritos. Se debe continuar con los programas de elevación de la calidad de la enseñanza en los colegios y liceos públicos. El objetivo es mejorar la justicia social en la educación pública superior, sin menoscabo de la calidad de la enseñanza, basada en un sistema de méritos.

¿Panacea? La enseñanza gratuita no debe ser una panacea: En un artículo mío anterior publicado en La Nación en fecha 14/02/2.010, bajo el título: “Enseñanza gratuita y democracia social”, dije lo siguiente: “En el caso de las universidades del Estado, la enseñanza gratuita no debe ser una panacea al servicio indiscriminado de todos, sino de quienes la merezcan. Pretender darle una educación universitaria gratuita a todos, es un exceso y un derroche injustificado de recursos. Todo estudiante sobresaliente debe tener la certeza de ser admitido en una universidad del Estado, pero solo los de familias pobres tienen derecho a la gratuidad, y en adición se les garantizará una beca.

Esto debe ser un derecho legal inalienable. Los de más recursos deben pagar cantidades proporcionales a la capacidad económica de sus padres. Este costo puede ser desde sumas pequeñas para los de menos capacidad, y mayores hasta igualar el nivel de las universidades privadas, para los de más recursos”.

¡Así lo creo!