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En mayo de 2025, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó un aumento salarial exclusivo para médicos, efectivo desde julio, por lo que resulta imposible no cuestionar la profunda contradicción entre el lema institucional y la realidad que viven miles de trabajadores de la salud.
“La Caja es una”, proclaman con orgullo las autoridades. Sin embargo, las políticas salariales revelan una institución fragmentada, donde el valor del trabajo parece medirse únicamente por el título médico que se ostenta, ignorando deliberadamente la naturaleza interdependiente y colaborativa de todo un sistema de salud.
El aumento de hasta ¢350.000 para médicos especialistas –algunos de quienes devengan salarios que ya superan los ¢4 millones– contrasta con el estancamiento salarial de otros profesionales esenciales: microbiólogos, farmacéuticos, nutricionistas, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, administradores, ingenieros y abogados.
El desinterés institucional por reconocer equitativamente a todo su personal se extiende a auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes; personal administrativo, de limpieza, de seguridad, de mantenimiento; choferes, tecnólogos y los ATAP, quienes llevan servicios preventivos a comunidades remotas. Estos últimos, pilares de la salud preventiva, apenas superan el salario mínimo, pese a su gran impacto en los indicadores nacionales en salud.
Todos son indispensables, pero están invisibilizados en las decisiones salariales. ¿Acaso puede funcionar un centro de salud sin limpieza, sin técnicos de laboratorio, sin secretarias, sin los ATAP, sin auxiliares de enfermería o sin choferes? La respuesta es obvia, pero las políticas institucionales la ignoran.
La desigualdad también se refleja en las oportunidades de desarrollo profesional. Mientras se financian especializaciones médicas en el extranjero con salario completo, los programas de capacitación y formación para otros profesionales son prácticamente inexistentes.
Profesiones como Enfermería y Microbiología deben costearse sus propios estudios adicionales, sin garantía de reconocimiento salarial posterior, aunque después la institución se beneficie directamente de ese conocimiento adquirido. Esto envía un mensaje desmoralizador: algunos trabajos valen más que otros.
Cuando hay jubilaciones, especialmente del personal administrativo, rara vez se reemplaza a la persona que sale; simplemente se “redistribuye” el trabajo, sin compensación. Mientras tanto, la institución sí encuentra recursos para crear nuevas plazas médicas con salarios competitivos.
Esta política no solo genera un mal clima laboral, sino que contradice los principios de solidaridad de la seguridad social. ¿Cómo podemos hablar de solidaridad cuando la CCSS establece jerarquías tan marcadas entre sus colaboradores? El lema “La Caja es una” se convierte en una frase vacía cuando las decisiones administrativas fragmentan tan profundamente al personal.
La Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y las Gerencias de la CCSS tienen una responsabilidad histórica: reconsiderar urgentemente su enfoque con respecto a la valoración de todos sus colaboradores. Un sistema de salud verdaderamente funcional reconoce que la calidad de atención depende de una cadena completa de trabajadores, donde cada eslabón es igualmente importante.
La solidaridad que pregonamos como valor fundamental de nuestra seguridad social debe comenzar en casa. Si realmente creemos que “La Caja es una”, las políticas salariales deberían reflejarlo, promoviendo una distribución equitativa que reconozca la contribución de todos. El cambio institucional llegará cuando se entienda que la salud pública es un esfuerzo colectivo, donde cada trabajador merece dignidad y reconocimiento justo, y no como lo han hecho ver algunos sindicatos del sector salud: solo el personal médico.
Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo muchas “Cajas”: la de los privilegiados y la de los invisibilizados.
jdml.12@hotmail.com
Jorge Daniel Molina Lizano es administrador de empresas.
