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Costa Rica ya conoce los resultados preliminares de las elecciones del pasado 1.° de febrero, los reportados por las juntas receptoras de votos el propio día de nuestra fiesta electoral, y espera los resultados definitivos que el TSE dará al país, luego de la estricta revisión de las papeletas: una garantía más de la imparcialidad, experiencia y seriedad del TSE.
Se trata de una revisión que siempre ha hecho bajo el ojo fiscalizador de los representantes de los partidos que obtuvieron votos, para tranquilidad y respeto de todos, luego de la declaración inicial de las personas ganadoras de las elecciones.
También conoce cómo ha quedado la distribución de las diputaciones por partido participante en los comicios, la cual pocas veces ha sido alterada en elecciones anteriores, después del minucioso recuento de votos, papeleta por papeleta.
Esta vez, con base en esos resultados iniciales, Pueblo Soberano obtiene una fracción legislativa de 31 diputaciones. Un número tan elevado de curules no se presentaba desde las elecciones de 1990.
En estos días de poscampaña electoral, lo siguiente es lo que los costarricenses anhelamos; todo sea por la paz, nuestras libertades, el bienestar, la justicia y la prosperidad de la población entera:
- Que los pesos y contrapesos democráticos no se pierdan (son frenos al poder autoritario en una sola persona), tanto en las instituciones responsables de tan legítimas y esenciales competencias, como en el quehacer diario del Poder Legislativo, que, además, tiene la obligación de ejercer el control político, primordialmente, por medio de las comisiones legislativas de investigación, según el artículo 121, inciso 23, de nuestra Constitución Política.
- Que en la nueva administración, la presidenta Laura Fernández Delgado supere gritos, confrontaciones, excusas, insultos, mentiras e intimidaciones, y dirija su gestión gubernamental por el sabio camino democrático del diálogo, el respeto, los acuerdos, el entendimiento, pues el país espera la solución de sus más graves problemas: la crisis de inseguridad, el deterioro de la educación pública institucionalizada, el impago de la deuda a la CCSS, la insuficiente infraestructura vial, la aguda desigualdad socioeconómica y, sobre todo, tutelar el Estado democrático y social de derecho: garantía de paz, bienestar, solidaridad y justicia social.
Sin duda, a estas alturas del desarrollo histórico de nuestras fiestas cívico-electorales, se impone una exhaustiva revisión del financiamiento de las campañas electorales, entendiendo que un país de fundamentos republicanos y democráticos –como el nuestro– debe invertir, inexorablemente, en su histórica democracia.
Los indicios de una posible intervención del narcotráfico en nuestras campañas electorales –algo dicho, incluso, por los delegados acreditados de la OEA, desde las elecciones municipales de 2024 y en estas de 2026–, merecen la firme atención y la más comprometida intervención del TSE, con el objetivo patriótico de depurar y trasparentar el financiamiento de las campañas electorales.
herreramarvin39@gmail.com
Marvin Herrera Araya es exministro de Educación Pública y exdiputado.
