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La señora Laura Fernández, presidenta de la República, invitó hace algunos días a varios funcionarios, incluidos representantes del Poder Judicial y, entre ellos, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre, para tratar el tema de la inseguridad que azota al país.
Ante la prensa, la mandataria le preguntó a don Orlando Aguirre cuántos años tenía de servicio como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Fue una pregunta innecesaria; lo hizo para regodearse de que esos 36 años que él respondió eran solo tres menos que sus años de vida.
No le vi sentido alguno, ya que lo hizo para “sustentar” su tesis de que los magistrados y jueces de la República no deben permanecer tantísimos años en sus cargos.
¿Con base en qué concluye eso la señora Fernández? Ella es profesional en Ciencias Políticas y el currículo de esa carrera contiene cursos de Derecho que forman parte de una preparación integral.
Por eso, no le encontré pies ni cabeza a semejante pregunta dirigida a don Orlando, que, incluso, me pareció irrespetuosa. Ella, mejor que muchos otros, debería saber que la experiencia de los jueces es lo que brinda la mejor preparación para cumplir con un trabajo exclusivamente técnico, donde esos años valen años.
No es lo mismo un juez que recién inicia funciones jurisdiccionales, por mejor estudiante que haya sido. Son los años y la experiencia acumulada, al conocer cientos de casos en la materia de su especialidad, los que le permiten desenvolverse con el dominio que el cargo requiere.
El juez no es un político. Es una autoridad pública con formación en Derecho, investida de la potestad jurisdiccional del Estado, cuya función principal es administrar justicia. Su labor consiste en resolver controversias, interpretar la ley y tomar decisiones imparciales basadas en las pruebas presentadas durante un proceso.
Como puede concluirse, un juez no es alguien que se improvisa. Es una persona preparada en las ciencias jurídicas, consciente de que se le confía una tarea que pocos podrían desempeñar. Por ello, debe ser un profesional altamente calificado, de trayectoria intachable y conocedor de que su investidura implica la delegación que le hace un poder de la República para impartir justicia de forma objetiva y únicamente bajo el amparo de la Constitución Política, las leyes y demás normativa del ordenamiento jurídico.
Todo juez tuvo un inicio, pero son los años de experiencia los que le permiten ejercer la judicatura con el conocimiento que solo el tiempo otorga, y en donde confluyen tanto la permanencia en el cargo como la constante actualización jurídica.
De modo que, si para ejercer la presidencia del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo no se requieren décadas de experiencia previa, en el caso de los jueces los años de trayectoria sí resultan fundamentales.
El mejor ejemplo de lo anterior es la Corte Suprema de Estados Unidos, donde sus integrantes son nombrados de manera vitalicia y son sustituidos únicamente por renuncia, destitución o fallecimiento. Allí, lo que más se valora es, precisamente, la experiencia que solo los años proporcionan.
Las grandes ventajas de priorizar la experiencia en la Corte son, entre otras:
- Una jurisprudencia madura, con criterios uniformes a lo largo del tiempo.
- Mayor resistencia a presiones externas, pues la experiencia otorga la solvencia moral necesaria para fallar contra intereses poderosos. Ese es el principio de independencia judicial, que constituye una garantía ciudadana.
- Se facilita la resolución de casos complejos gracias al conocimiento histórico de la legislación nacional.
Todo lo anterior conlleva prudencia, confianza, entereza, imparcialidad, honestidad, templanza, humildad y raciocinio: algunas de las virtudes que un verdadero juez debe poseer para ejercer, sin fallas, una labor tan difícil.
Si un juez no cumple con esos valores, existen mecanismos jurídicos para destituirlo, como ya ha sucedido en Costa Rica. Pero alegar que un magistrado lleva muchos años en su cargo no es justificación para reemplazarlo.
wilbert.arroyo59@gmail.com
Wilbert Arroyo Álvarez es abogado y catedrático de la Universidad de Costa Rica.
