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En su informe de los primeros 100 días de gobierno, la presidenta Laura Fernández anunció que combatirá los préstamos “gota a gota”. Para introducir el tema, recurrió a una historia: durante una gira de campaña, un niño de seis años se le habría acercado para contarle que sus padres discutían por culpa de uno de estos préstamos y pedirle que hiciera algo al respecto.
No podemos saber si aquel encuentro ocurrió exactamente como fue relatado. Sin embargo, resulta inevitable recibir la anécdota con cierto escepticismo. Tanto durante la campaña electoral como en estos primeros meses de gobierno, la presidenta ha recurrido reiteradamente a historias difíciles de verificar, pero perfectamente construidas para despertar emociones.
Ese parece ser uno de sus principales recursos políticos: contar una historia, generar identificación y convertir un problema complejo en un relato sencillo, con una víctima, un culpable y una promesa de solución.
Las historias funcionan. Nos conmueven, nos acercan a realidades ajenas y pueden ayudar a explicar temas difíciles. Pero gobernar exige mucho más que conmover. Exige presentar diagnósticos, asignar recursos, coordinar instituciones y ejecutar acciones cuyos resultados puedan medirse.
Por eso, más allá de la historia del niño, conviene preguntarnos: ¿quiénes recurren realmente a los préstamos “gota a gota”? ¿Quiénes los financian? ¿Y qué nos dicen los números?
La necesidad detrás del préstamo
Entre enero y julio de 2026, las denuncias relacionadas con esta modalidad de crédito aumentaron un 21% respecto al mismo periodo de 2025, según datos del Organismo de Investigación Judicial. Además, de acuerdo con un investigador de la institución, el 95% de los casos termina en agresiones contra las víctimas.
Entre quienes recurren a estos préstamos se encuentran los trabajadores informales, personas con altos niveles de endeudamiento, pequeños comerciantes y familias que necesitan dinero urgente para atender emergencias de salud, comprar insumos o cubrir necesidades inmediatas.
Esto no significa necesariamente que todas ellas no hayan logrado insertarse en el mercado laboral. Muchas trabajan, producen y generan ingresos, pero lo hacen sin estabilidad, sin garantías y sin documentos que les permitan demostrar su capacidad de pago ante una entidad financiera.
El “gota a gota” se aprovecha precisamente de esa vulnerabilidad. Ofrece rapidez, pocos requisitos y dinero inmediato. Basta, en muchos casos, con presentar una cédula. Pero detrás de esa aparente facilidad, se esconden condiciones que cambian arbitrariamente y cobros diarios acompañados de amenazas.
La pregunta que debería hacerse el Gobierno no es solamente por qué existen prestamistas criminales, sino por qué miles de costarricenses sienten que esta es su única alternativa.
El narcotráfico encontró otro negocio
El problema va mucho más allá de la usura. El OIJ ha identificado estructuras en las que unas personas aportan el capital, otras colocan el dinero y otras se encargan de cobrarlo mediante intimidación y violencia. Las autoridades también investigan el uso de estos préstamos para poner en circulación y legitimar dinero procedente de actividades criminales.
Entre los grupos que habrían utilizado esta modalidad se encuentran estructuras vinculadas con Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan. Según las autoridades, estos esquemas servían como mecanismos para legitimar fondos provenientes del narcotráfico.
El narcotráfico ya no solo disputa territorios o controla puntos de venta de drogas. Se ha infiltrado en actividades económicas y ahora también se mete directamente en los bolsillos de algunas familias costarricenses.
Prestan dinero allí donde el Estado y el sistema financiero no llegan. Después, cobran con amenazas y violencia. Así se construye control territorial: no solo mediante las armas, sino convirtiéndose en la única fuente de financiamiento disponible para costarricenses desesperados.
No basta con enviar un proyecto de ley
Combatir el “gota a gota” requiere revisar la legislación y sancionar con firmeza la extorsión, la usura y la legitimación de capitales. Pero sería ingenuo pensar que el problema desaparecerá únicamente mediante una reforma legal enviada a la Asamblea Legislativa.
El Poder Ejecutivo también tiene responsabilidades concretas. Puede impulsar productos financieros accesibles para trabajadores informales y pequeños emprendimientos; fortalecer los programas de educación financiera; crear mecanismos de denuncia y protección para las víctimas; mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales, financieras y policiales, y promover sistemas que permitan detectar operaciones sospechosas y seguir la ruta del dinero.
Puede, sobre todo, garantizar que las instituciones encargadas de investigar al crimen organizado cuenten con los recursos necesarios.
Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. Mientras el gobierno promete enfrentar los préstamos vinculados con estructuras criminales, la presidenta defendió una reducción presupuestaria planteada para el Poder Judicial.
No es coherente prometer una lucha frontal contra el “gota a gota” mientras se debilita, cuestiona o desacredita a quienes deben investigar las estructuras que lo sostienen.
Menos relatos, doña Laura
La historia de un niño puede conmovernos. Pero no puede sustituir una política pública.
Si la presidenta quiere combatir verdaderamente estos préstamos, deberá actuar sobre sus dos raíces: la exclusión que empuja a las personas a pedirlos y las organizaciones criminales que los utilizan para extender su poder y legitimar dinero.
Eso implica ofrecer alternativas financieras reales, generar empleo formal, proteger a las víctimas, perseguir los capitales ilícitos y fortalecer al OIJ y a las demás instituciones responsables de enfrentar el crimen organizado.
Costa Rica no necesita otra historia perfectamente contada. Necesita una estrategia integral, acciones verificables y recursos suficientes.
Porque el “gota a gota” no es solamente un préstamo abusivo. Es el síntoma de un país donde la necesidad económica de unos se ha convertido en el negocio criminal de otros. Y esa enfermedad no se cura con discursos ni con anécdotas: se combate desde la raíz.
mquirosh471@gmail.com
María Fernanda Quirós Hernández es periodista y especialista en ‘marketing’ digital.
