Diputados que cambien el país... no que vivan de él

Costa Rica afronta una crisis estructural que no se resuelve con parches ni proyectos aislados. El país carga, entre muchas cosas, con un Estado caro e ineficiente, un modelo educativo desfasado, un sistema tributario obsoleto y una inseguridad creciente. Para revertir este deterioro, se requieren reformas profundas que deben ser impulsadas por una Asamblea Legislativa con personas preparadas, valientes y con visión de país.

Sin embargo, atraer ese tipo de liderazgo es un reto: los incentivos para que personas capaces entren en política son prácticamente inexistentes. Postularse es casi una condena: ataques personales, escrutinio injusto, pésima imagen y dificultad para reincorporarse al mercado laboral.

Un sistema perverso y sin responsabilidad

Así las cosas, la mayoría de nuestros diputados viven atrapados en una lógica partidaria, sectorial e ideológica, enfocada en el corto plazo. Aunque son elegidos por provincia, una vez en el cargo representan a todos los costarricenses, por lo que la legislación debería responder al interés nacional y no a agendas locales o gremiales.

Dentro de los partidos, no se elige a los mejores, sino a los más cercanos al poder de turno, y ese costo lo paga todo el país. Esa lógica promueve la distribución de cargos entre familiares, amigos o figuras útiles en campaña, pero no necesariamente capaces de pensar en soluciones nacionales.

No se premia el mérito, se negocian espacios. Así, las curules se convierten en botines de negociación, no en espacios de representación ciudadana. El resultado es una Asamblea fragmentada, sin visión común, donde cada quien llega a velar por su gremio o sus intereses particulares.

A esto se suma el fenómeno de las puertas giratorias: diputados que, tras dejar la curul, pasan a ser regidores, alcaldes, directores de instituciones o miembros de juntas directivas. La “carrera política” se ha vuelto una forma de garantizarse un puesto vitalicio en el Estado, no de construir un plan de largo plazo para el país. Su principal preocupación es asegurar el siguiente cargo, no atender lo que necesitan los ciudadanos.

Este sistema de escogencia hace que muchos diputados lleguen sin preparación técnica, sin un plan y sin equipos sólidos. En teoría, deberían rodearse de asesores calificados, bien remunerados y complementarios, pero, en la práctica, los recursos se diluyen en estructuras administrativas infladas dentro de la Asamblea. Existen decenas de asesores de planta heredados por cuotas partidarias, sin garantía de idoneidad ni procesos de renovación.

Y, sin embargo, estos diputados tienen la potestad de nombrar magistrados, jerarcas de órganos como la Contraloría, la Defensoría o la Sugef, e incluso miembros de juntas directivas de instituciones clave. Con semejante nivel de poder, es inaceptable que lleguen sin preparación, independencia ni visión.

Peor aún, no existen consecuencias si un diputado no cumple sus promesas o no trabaja. No hay mecanismos de evaluación a medio periodo, ni rendición de cuentas más allá de una elección cada cuatro años. Así, el ciudadano no solo no puede escoger directamente a su representante, sino que si este se declara independiente o actúa de forma contraria a lo prometido, no hay manera de removerlo. Esto profundiza la crisis de representación que atraviesa el país.

Cambios estructurales… también en la Asamblea

No basta con cambiar la forma de elegir diputados: es urgente replantear el funcionamiento interno de la Asamblea Legislativa. Se debe revisar el número de funcionarios y comisiones, dedicar más tiempo a donde se crean las leyes, priorizar proyectos según su impacto real y controlar el uso de recursos en viajes y giras.

Se necesitan personas dispuestas a replantear la estructura de trabajo del Congreso y usar el tiempo y los recursos públicos de forma eficiente. Porque sí, el problema también es de gestión interna. Esto demanda una reforma al Reglamento, ojalá negociada previamente a entrar, porque ¿cómo construir sobre fundaciones que fallan?

Qué funciona en otros países

Los países con mayor confianza ciudadana en sus instituciones comparten características: sistemas parlamentarios o semiparlamentarios que facilitan la rendición de cuentas, declaraciones patrimoniales obligatorias y públicas, reglas estrictas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés, transparencia total en votaciones y gastos, fiscalización externa independiente y una cultura política en la que dimitir ante un escándalo es la norma, no la excepción.

Pero quizás lo más relevante es que forman coaliciones alrededor de agendas comunes, lo que permite construir mayorías y avanzar proyectos estratégicos para el país. De esta manera, la política deja de ser un campo de confrontación permanente y se convierte en un espacio de negociación que produce resultados.

Según datos de la OCDE (2023), en países como Suiza (82,4 %), Luxemburgo (80,8 %) y Finlandia (75,9 %), los gobiernos son percibidos como confiables; bien haríamos en adoptar sus prácticas.

Lo que deberíamos exigir para cambiar el rumbo

Costa Rica no puede seguir con un modelo que protege al mediocre, obediente y oportunista. Si queremos cambiar el rumbo del país, debemos elegir diputados con carácter, preparación y propósito, que tengan visión y que impulsen reformas, aunque no sean populares.

Quienes aspiren a una curul deben comprometerse a impulsar, como primer acto, la reforma al Reglamento legislativo para optimizar el funcionamiento del Congreso. En un país con una ciudadanía cada vez más incrédula, predicar con el ejemplo es la única forma de recuperar credibilidad.

También deben concentrarse en proyectos que llevan años esperando aprobación o ser propuestos:

• La pérdida de credencial por violación al deber de probidad.
• La regulación del lobby.
• La prohibición de traslado de funcionarios entre poderes.
• El fortalecimiento de los partidos políticos, incluyendo la eliminación del transfuguismo, para iniciar un círculo virtuoso en la selección de candidatos y proteger la representación ciudadana.
• Una reforma profunda al sistema de elección –con listas abiertas, voto preferente o modelos mixtos como el alemán– que devuelva al ciudadano la posibilidad de escoger directamente a quienes lo representan.

Además, deben rodearse de equipos altamente calificados en lugar de operadores políticos, comprometerse a medir su gestión por resultados, y negarse a incrementar la planilla de la Asamblea hasta contar con un estudio serio de optimización.

Mientras tanto, el poder está en nuestras manos: no votemos por bandera, revisemos quiénes integran las listas de los partidos y exijamos que incluyan a sus mejores exponentes. Verifiquemos cuáles son sus propuestas. Solo así pasaremos de elegir diputados que viven del país a elegir diputados que quieran cambiarlo.

lsaumacr@gmail.com

Laura Sauma es ingeniera civil y directora ejecutiva de Primera Línea CR.