Carmen Morales, Luis Fernando Álvarez, Diana Gunther son personas adultas trabajadoras, honestas y responsables en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, los tres nacieron con un estigma más que biológico de carácter social. Los tres, son parte de un grupo conformado por unos 4.000 costarricenses que tienen un cromosoma más y son personas con síndrome de Down. Ellos, como muchas otras personas con ese síndrome, son parte de un grupo social que a lo largo de la historia, han sido excluidos e ignorados, como hace la sociedad con aquellos que le parecen diferentes. Sin embargo, ellos y otros han podido, liberarse de esa exclusión social, gracias a su esfuerzo, al apoyo de sus familias y de sus allegados. Ellos han podido abrir puertas que esperamos sean atravesadas por miles más.
Pero, para que esto suceda, no solo se requiere la voluntad y fortaleza de las personas con síndrome de Down y sus familias, se necesita el cumplimiento de la legislación vigente. A 16 años de la promulgación de la Ley 7600, que entre otros aspectos garantiza el acceso oportuno a la educación a las personas, independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior y la no exclusión de ninguna de las actividades educativas,aunque quisiéramos decir lo contrario, los programas del MEP relativos a la educación especial no cumplen con el mandato legal de que debe estar basada en los mismos contenidos –adaptados– de los programas regulares.
Además, en la mayoría de los casos, las personas con síndrome de Down siguen recibiendo una educación segregada y parcial y les son negados sus derechos de inclusión en aula regular desde pre-escolar hasta la conclusión de la educación básica y diversificada. Tampoco son aceptados por el Instituto Nacional de Aprendizaje.
El artículo 18 de la Ley 7600 indica, literalmente, que las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación en el Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo requeridos;sin embargo, datos del 2012 del propio Ministerio de Educación (MEP), revelan que solo el 4% de los estudiantes con síndrome de Down estaban incluidos en el sistema regular en primaria, y en secundaria las inclusiones se cuentan con los dedos de la mano.
El mismo artículo en su segundo párrafo señala que la educación de las personas con discapacidad deberá ser de igual calidad e impartirse durante los mismos horarios, preferentemente en el centro educativo más cercano al lugar de residencia y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema educativo. A pesar de ello, es una realidad que la educación ofrecida no solo es de menor calidad, sino que las horas de atención son mucho menos que las del resto de los educandos. Los padres y madres de familia son conocedores de que sus hijos e hijas con síndrome de Down, no son incluidos en todas a las actividades educativas; por ejemplo, no reciben clases de inglés. Es decir, la segregación en el sistema educativo nacional persiste.
Entre otras cosas, esto ocasiona que, luego de 12 años de asistir a clases, estas personas no alcanzan ni los niveles básicos de lecto-escritura ni en matemática, limitando su capacidad de integración total.
Asimismo, en las zonas rurales, los niños y niñas aún deben desplazarse kilómetros para llegar a un centro educativo que los reciba, ante el decir de los cercanos que no están preparados para atenderlos.
Así la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown), en la semana en que se celebró el Día Internacional del Síndrome de Down, como un homenaje a Carmen, Luis Fernando, Giovanni, Diana, Ernesto, Héctor, Laura, Jessica, José Andrés, Andrea, Carlos, Armando, Ariel, Carolina, Arnoldo, Bryan, y a todos aquellos que han logrado romper paradigmas, exige al MEP el cumplimiento de la legislación vigente en materia educativa y el alto al atropello de los derechos de las personas con síndrome de Down.
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