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América Latina es una región de contrastes y desigualdades, donde coexisten realidades y demandas posmodernas y posmaterialistas con carencias rudimentarias. El empoderamiento de las mujeres no es la excepción.
La nuestra es la región que le dio al mundo la palabra “macho" en su acepción de género, así como un prontuario de instituciones típicamente patriarcales, donde aún predominan valores y comportamientos asociados a masculinidades tradicionales que lesionan los derechos y las capacidades de las mujeres –¡pero también de los hombres!–.
Es también una región donde el femicidio cobró la vida de 20.000 mujeres en los últimos cinco años y donde persisten barreras para el acceso a la justicia.
Al mismo tiempo, América Latina ha sido líder en la adopción de medidas para promover la participación de las mujeres en la política. Desde muy temprano se aprobaron cuotas para los cargos de elección popular y, más recientemente, medidas de paridad en países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, México, Argentina, Perú y Chile.
Argentina fue el primer país del mundo en adoptar cuotas de género en la representación legislativa, en 1991. Ecuador fue pionero en establecer la paridad vertical, mientras que México aprobó en 2019 uno de los marcos regulatorios más ambiciosos a nivel global, con paridad en todos los órganos y poderes del Estado.
Según cifras de ONU Mujeres, la participación de las mujeres latinoamericanas como ministras en el Poder Ejecutivo se ha triplicado en las últimas décadas: pasó de 9% en 1990 a más del 30% en 2026. Persisten, sin embargo, retos de segregación horizontal relacionados con el tipo de carteras que ocupan.
En el ámbito legislativo, la región se encuentra entre las primeras del mundo, con un promedio de 33%, casi tres veces superior al registrado hace tres décadas. A nivel local, el 24,5% de los escaños son ocupados por mujeres, mientras que el porcentaje de alcaldesas ronda el 15%.
Aun con avances superiores a los observados en otras regiones, todavía estamos lejos de alcanzar la paridad plena, especialmente si se considera la gran heterogeneidad que esconden los promedios regionales. Persisten, además, problemas graves, como la violencia política contra las mujeres, fenómeno que se ha intensificado con la inmediatez y el anonimato que facilitan las redes sociales.
El balance es, por lo tanto, mixto. La región merece reconocimiento por la adopción de instrumentos deliberados de inclusión, logros que han sido fruto del activismo incansable de la sociedad civil y de mujeres y hombres aliados de la igualdad de género, pese a las fuertes resistencias presentes en los espacios de poder.
El reto ahora es continuar avanzando por esta vía y asegurar que la representación descriptiva se traduzca en representación sustantiva. Es decir, que el acceso a los escaños y a los cargos políticos signifique realmente acceso al poder y capacidad de incidir positivamente en la agenda pública. Solo así será posible consolidar democracias más representativas, donde la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres sean una realidad tangible en toda la región.
Silvia Hernández Sánchez es jefa de Oficina de Coordinación Residente de Naciones Unidas Costa Rica.
Gabriela Mata Marín es coordinadora de ONU Mujeres Costa Rica.
