La última semana de julio fue noticia internacional la condena al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Sin embargo, pasó casi inadvertida su absolución por el delito de soborno simple, por el que también había sido procesado, lo cual resulta relevante.
Me sorprendió conocer que tres expresidentes de Costa Rica –Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría– se sumaran a un pronunciamiento, liderado por el exmandatario colombiano Iván Duque a través del Grupo IDEA, cuestionando la condena. Según su sitio web, este grupo busca fortalecer la democracia y el Estado de derecho. No obstante, y por más paradójico que suene, su comunicado sostiene que Uribe es “víctima de un proceso penal plagado de anomalías” y da alas a la idea de que se está ante un caso de lawfare (uso estratégico del sistema legal para desacreditar, perseguir o dañar a oponentes políticos o enemigos, más allá de su propósito original de impartir justicia.)
Ese discurso dista poco del de Jair Bolsonaro en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador o algunos líderes aquí mismo en Costa Rica.
Como la posverdad no distingue izquierdas ni derechas, todos ellos, a pesar de las diferencias ideológicas o la rivalidad que puedan tener entre sí, comparten un patrón: denuncian juicios “plagados de irregularidades” y aseguran que “no hay pruebas en su contra”. No es casualidad que, ante la apertura de sus procesos e incluso antes de sus condenas, sustituyan la defensa jurídica por una batalla narrativa que desacredita a fiscales y jueces, acusa de persecución política y agita las pasiones de sus simpatizantes.
Llama la atención (¿y preocupa?) que los tribunales deban dedicar acápites de sus fallos –como en los casos de Uribe o Kirchner– a refutar teorías de lawfare. Gargarella llama a esto un “terraplanismo jurídico”, que “lo usa una agrupación política, no importa cuál, a partir de trocitos de verdades desperdigados para construir una fantasía que es funcional a su relato y que termina haciendo un daño respecto de lo que es la realidad”.
Me sorprendió que algunos expresidentes que, en Costa Rica, se manifiestan como firmes defensores de la institucionalidad (lo cual aplaudo), contribuyan de forma apresurada a sembrar dudas fuera del país. Esto no ayuda a la ya frágil legitimidad democrática de la región (de ahí lo paradójico), especialmente considerando que el expresidente Uribe aún no ha agotado las instancias recursivas a las que tiene derecho, ni menos la posibilidad de acudir a la CIDH.
Declaraciones como las respaldadas por los expresidentes son peligrosas porque aún faltan etapas procesales, y los jueces que seguirán conociendo el caso deben decidir con plena independencia, libres de presiones y de descalificaciones que afecten aún más la confianza ciudadana en sus sistemas de justicia.
Así como un imputado tiene presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, las instituciones –incluyendo los jueces– gozan de presunción de objetividad y legitimidad hasta que se demuestre con base sólida que no es así, y ejemplos de esto hay varios en la región. Sin embargo, pareciera un tanto apresurado equiparar dichos contextos con un proceso que lleva más de diez años y que aún está lejos de quedar en firme.
Aquí no se pretende determinar si Uribe u otros líderes son culpables o no, ni afirmar si existe o no lawfare en Colombia. Se deben defender garantías judiciales de Uribe y de todas las personas sin importar su ideología. Asimismo, si en algún momento hay base sólida para concluir que su sentencia o la de cualquier otro líder o ciudadano se basa en motivos políticos, se debe condenar con toda firmeza.
Sin embargo, por ahora se hace un llamado a quienes en nuestro país defienden la independencia judicial y el respeto a la institucionalidad: no se sumen en el extranjero a acusaciones apresuradas o anticipadas que politizan un proceso penal que sigue en marcha. Aún existen vías jurídicas para ejercer su defensa ante posibles arbitrariedades, y es fundamental que los jueces puedan actuar sin presiones.
Celebro cuando figuras como don Miguel Ángel Rodríguez critican las formas autoritarias del oficialismo, pero la coherencia exige que se sea candil tanto en la casa como en la calle.
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Adolfo Lara Aguilar es abogado.