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Embargar a influencers se está volviendo costumbre. En Costa Rica, Enjoy Hotels & Resorts S.A. ha recurrido a medidas judiciales contra creadores de contenido que cuestionan su megaproyecto turístico en playa Panamá. Primero, fue Juan Bautista Alfaro Rojas y ahora es Javier Adelfang. Ambos enfrentan embargos preventivos por difusión de información supuestamente falsa sobre el proyecto Bahía Papagayo.
En los dos casos, el argumento de la empresa es similar: los contenidos transmitidos –sin respaldo técnico ni contraste de fuentes, según alegan– han dañado su reputación, minado la confianza en el proyecto y provocado rechazo en comunidades e inversionistas.
En el caso de Adelfang, el tribunal dictó una orden de embargo sobre cuentas bancarias, salario y un vehículo. En el de Alfaro Rojas, se embargaron cuentas bancarias como medida provisionalísima. Además, Enjoy Hotels mantiene una querella penal por difamación contra él.
Aparte de ellos, otros creadores de contenido han sido denunciados por la empresa, aunque sin que hasta el momento se hayan ordenado embargos en su contra.
El conflicto ya no es un episodio aislado, sino parte de una estrategia legal más amplia que –a pesar de estar enmarcada en el derecho de defensa– parece querer generar un fuerte efecto intimidatorio. Que múltiples creadores de contenido afronten procesos legales por denunciar un proyecto turístico nos obliga a preguntarnos: ¿dónde termina el derecho a opinar y dónde empieza la difamación? ¿Y cómo evitar que el miedo a ser demandado silencie voces críticas necesarias?
La polémica forma parte de un entramado más amplio: el proyecto Bahía Papagayo está sujeto a procesos en distintas instancias judiciales y administrativas, incluyendo la Fiscalía Ambiental y recursos que cuestionan su viabilidad ambiental por posibles irregularidades en permisos y consultas públicas.
Que estos procesos lleguen al debate masivo gracias a ciudadanos, activistas o influencers es, en principio, muy saludable: la vigilancia ciudadana es un contrapeso necesario en cualquier democracia.
Pero el hecho de que las causas que defienden sean legítimas no exime a quienes las denuncian del deber de informar con precisión. Defender el derecho a señalar no significa justificar prácticas irresponsables o replicar los vicios de figuras públicas que muchos han criticado por lanzar afirmaciones sin pruebas, sin contexto o sin documentos que las respalden.
El video de Juan Bautista Alfaro arranca con una frase que parece definir el tono: “Este chisme está que arde”. A partir de ahí, despliega durante cuatro minutos una serie de afirmaciones que no queda claro si provienen de su propia investigación, de lo que leyó, de lo que le contaron, de lo que constató en el terreno o de lo que simplemente reproduce. Entre ellas: que el proyecto está en zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Rosa, que Setena otorgó permisos con base en “un informe forestal realizado por la misma empresa”, que se arrasará un bosque patrimonial y que se construirán megacampos de golf.
No aporta respaldo documental ni pericial para estas afirmaciones y, en un momento, confunde el nombre del empresario clave, diciendo “Rodolfo” Pacheco Lutz en lugar de Rubén Pacheco Lutz. En un pasaje, el influencer dice: “No hace falta ser biólogo para darse cuenta de que efectivamente hay un bosque”. Y aquí conviene precisar: sí hace falta ser profesional –en biología, ingeniería forestal, hidrología, derecho ambiental– para sustentar técnicamente una denuncia.
Cuando lo que se emite es una opinión, cabe la malicia, la especulación razonada y el señalar lo que a uno le parece mal. Pero cuando se formula una denuncia pública que acusa a una persona o empresa de un daño, eso exige pruebas sólidas, referencias a documentos, resoluciones y estudios técnicos.
Este es el núcleo del problema: confundir una opinión con una denuncia. La primera vive en el terreno de las percepciones; la segunda requiere hechos y estándares más altos de verificación. Hacer denuncias sin ese rigor es inaceptable, porque debilita la credibilidad no solo de quien las hace, sino de causas legítimas que necesitan ese respaldo para prosperar.
El humor, la ironía y el sarcasmo son recursos válidos para atraer atención, sobre todo en una era en la que los recursos para producir, difundir y consumir contenido están al alcance de cualquier persona. Pero esos recursos no pueden ir por encima de la solidez de los argumentos. En un ecosistema saturado, la credibilidad es el único patrimonio no negociable.
La libertad de expresión –y esto hay que recordarlo– se fortalece con la participación de todos, especialmente de quienes incomodan. Pero si quienes aspiran a tener un impacto positivo alimentan la desinformación, la causa se erosiona.
Esto no significa que la respuesta de Enjoy Hotels haya sido un ejemplo de buena estrategia legal ni reputacional. En su comunicado, la empresa defendió el embargo como “una herramienta legal para proteger su imagen y reputación” y negó buscar “limitar el derecho a la libre expresión o silenciar preocupaciones ambientales legítimas”. Asegura que las afirmaciones del video son “acusaciones infundadas” y sostiene que el proyecto cumple con la ley, no se ubica en zona de amortiguamiento y obtuvo viabilidad ambiental conforme a derecho.
Como bien señaló el abogado Rodolfo Brenes Vargas, el embargo preventivo es legal, pero tiene un “efecto intimidatorio” reconocido en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos. La Corte Interamericana advierte de que una sanción civil desproporcionada puede ser tan o más inhibidora que una penal. Y la Comisión Interamericana reconoce un margen legítimo para la inexactitud de buena fe, justamente para no asfixiar el debate sobre asuntos públicos.
Aunque Costa Rica no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, este obliga a proteger a quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales y a prevenir intimidaciones. Ese debería ser el estándar: debate robusto, pruebas por encima de presunciones y medidas legales proporcionales.
Aquí, ambas partes se han movido en zonas grises. Los influencers, al difuminar la línea entre opinión y denuncia; la empresa, al usar un mecanismo que es un desproporcionado intento de silenciar la crítica.
El tema ambiental, mientras tanto, sigue ahí. El turismo en Costa Rica debe proteger el patrimonio natural que lo sustenta, no explotarlo para construir proyectos exclusivos a los que los verdaderos dueños de esos recursos –todos los costarricenses– probablemente tendrán un acceso prohibitivo. La vigilancia ciudadana es indispensable, pero debe sostenerse en hechos verificables, no en impresiones o rumores.
Ejercer la libertad de expresión exige algo más que convicción: exige responsabilidad. Porque cuando todo se afirma sin fundamento, no solo se empaña el debate público: se traicionan las causas que, para tener fuerza, necesitan verdad. Y así como no puede volverse costumbre embargar a quienes incomodan, tampoco debe normalizarse denunciar sin sustento. La libertad de expresión se fortalece cuando se ejerce con rigor.
Antonio Jiménez es experto en comunicación digital, nuevos medios y periodismo multiplataforma a nivel internacional.
