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He leído con gran sorpresa que la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia acogió un recurso de amparo que provoca un atroz efecto contra las investigaciones clínicas, lo cual atenta contra los derechos mismos de los pacientes, las empresas farmacéuticas que eligieron como destino de sus investigaciones a Costa Rica, país considerado políticamente estable y aparentemente comprometido con el desarrollo, y con el personal médico nacional que se ha involucrado en esos estudios.
Los estudios clínicos marcan la pauta del desarrollo científico y en el logro de aspiraciones en salud. Cuando se dan en nuestro medio, involucrando nuestras poblaciones, se obtienen resultados que reflejan el ambiente y el tipo de sujeto en estudio, o sea la respuesta real del costarricense ha determinado un nuevo tratamiento propuesto.
En el campo de la infectología por ejemplo, el aislamiento de microorganismos como el Steptococcus pnemoniae y otros gérmenes patógenos, permite a Costa Rica el privilegio de una vacuna que incluye protección contra las variedades propias del medio, sin depender de los resultados obtenidos en otras latitudes, donde pueden predominar otras variedades (cepas) del mismo microorganismo y así aparecer en nuestro mercado medicamentos o vacunas menos eficaces (menos específicas).
Muchos estudios actualmente benefician a costarricenses y toda la comunidad internacional, a través de nuevas alternativas, siempre para mejorar, aplicables a enfermedades metabólicas, reumáticas, psiquiátricas y de diversa índole. ¿Quién podría explicar a esos pacientes que por razones jurídico-administrativas superables, se obstruye la ruta a una vida posiblemente más sana?
No es sorprendente que se presente en la comunidad gente opuesta a los estudios clínicos en forma sistemática, ello ocurre desde los tiempos del Dr. Louis Pasteur, pero lo que es inconcebible, es que se tome una medida que afecta los derechos de los pacientes de investigaciones en curso y crea un ambiente de inseguridad a las empresas farmacéuticas que más bien esperaban un ambiente de apertura al desarrollo en salud.
En todo caso, los que colaboramos con investigaciones clínicas hemos estado aferrados a la ley, adheridos a buenas prácticas clínicas y con los permisos que legislación actual establece.
Las investigaciones clínicas distan mucho de tratar a los individuos como “conejillos de indias”; todos los procedimientos se dan bajo estándares internacionales de calidad ética y científica, tanto para el diseño como para la realización y registro de resultados.
Cuando es oportuno, se vigila exhaustivamente mediante pruebas de seguridad de laboratorio clínico. Las investigaciones se realizan al amparo de principios éticos originados en la declaración de Helsinki, los cuales son congruentes con “Las Buenas Prácticas Clínicas (GCP)”.
Costa Rica es un país de grandes logros y éxitos en salud; es deprimente la forma como se presenta el impedimento, que crea un vacío legal para una actividad tan trascendente para el desarrollo científico tecnológico en salud.
Espero no se esté cumpliendo lo que un amigo erudito me dijo en una oportunidad: “Si las cosas ocurrieran en otra forma no estaríamos subdesarrollados”.
No he podido guardar silencio frente a lo que considero una vertiente de regreso a las cavernas. Ojalá los responsables tomen conciencia de lo que hicieron.
