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Por décadas, Tamarindo fue un pueblo pescador y agrícola que vivía en armonía en el Pacífico norte. Hoy, ese paisaje y esas actividades han sido reemplazados por una proliferación de hoteles boutique, bares, condominios de lujo y restaurantes orientados al turismo, cuyos visitantes difícilmente pronuncian el nombre del lugar. Este fenómeno tiene un nombre: gentrificación costera, y sus consecuencias ecológicas son tan graves como sus impactos sociales.
El crecimiento turístico desmedido en Guanacaste ha provocado la destrucción de flora y fauna, la contaminación de diversas zonas y una fuerte presión sobre los mantos acuíferos. El Sinac ha advertido de que Costa Rica ha perdido miles de hectáreas de vegetación, precisamente en áreas donde la inversión inmobiliaria ha sido más agresiva. No es casualidad: donde llega el capital, la naturaleza retrocede.
Las comunidades pesqueras y artesanales, que han sido desplazadas hacia los márgenes del territorio, pierden no solo sus viviendas, sino también su relación con el ecosistema que habitaron y que, en cierto sentido, han protegido: el pescador que conoce los ciclos del mar no destruye los arrecifes.
Costa Rica vende al mundo una imagen verde y sostenible, ganamos premios del país más feliz del mundo, llenamos folletos con fotos de nuestra biodiversidad... Pero en las costas de Tamarindo, esa narrativa se hace pedazos frente al cemento. ¿Sirve de algo proteger el Parque Nacional Marino Las Baulas si la zona de amortiguamiento se llena de hoteles?
Es imperativo que las municipalidades y el Minae apliquen regulaciones reales en las costas, con límites claros a la construcción y mecanismos efectivos de control. La participación comunitaria también debe ser una prioridad. El territorio no puede seguir tratándose como una mercancía al servicio de los más poderosos. El futuro de Tamarindo depende de una decisión urgente: definir si el mar es un bien común o un privilegio para quienes pueden pagarlo.
NAYELI.ZUNIGAZUNIGA@ucr.ac.cr
