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Cada cierto tiempo, aparece una palabra nueva para convertir el progreso en sospecha. Hoy se usa para condenar casi cualquier transformación en las costas. Si aparece un hotel, es amenaza. Si se construye un condominio, es despojo. Si llega inversión extranjera, es invasión. Si una comunidad cambia, se declara que el cemento derrotó a la patria verde.
Esa lectura es cómoda pero incompleta. Guanacaste, Puntarenas y Limón han sido las provincias más rezagadas del desarrollo nacional. Han vivido con empleos estacionales, baja formalidad, infraestructura débil y oportunidades limitadas. Cuando no hay empleo, la postal no alcanza.
Entonces aparece el desarrollo turístico e inmobiliario, y quienes nunca ofrecieron una alternativa real descubren que todo cambio es pecado. Durante años, se lamentó el abandono de las costas. Ahora que hay inversión, empleo, servicios y encadenamientos productivos, se nos dice que eso también está mal. Algunos parecen preferir una pobreza intacta con estética rural fotogénica.
No se trata de negar los problemas. Hay presión sobre el agua, los caminos, los servicios públicos, el precio de la tierra y la identidad local. Hay zonas que necesitan planificación, vivienda accesible, alcantarillado, seguridad y control ambiental efectivo. Pero una cosa es exigir orden y otra, satanizar cualquier proyecto como si todo inversionista fuera un invasor.
Papagayo debería encender una alarma mayor. No hablamos de una improvisación cualquiera, sino de una zona creada bajo una ley especial y un mandato estatal orientado al turismo. Allí el Estado promovió inversión, firmó compromisos, cobró cánones, exigió estudios y obligó a años de tramitología. Que luego una medida cautelar ponga en pausa derechos y obligaciones frente al Estado no es planificación ambiental. Es incertidumbre jurídica con barniz ecológico.
El inversionista nacional o extranjero no pide licencia para destruir. Pide reglas claras. Si un país invita capital, firma contratos y exige permisos, no puede cambiar el tablero desde la emocionalidad ambiental o desde actos administrativos que funcionan como veto político. Proteger el ambiente es una obligación constitucional. También lo es respetar la seguridad jurídica.
Costa Rica no puede creer que sus costas deban permanecer congeladas en una postal rural. La pobreza con vista al mar sigue siendo pobreza. Una playa sin hoteles no garantiza justicia social. Muchas veces, un pueblo sin desarrollo solo conserva su falta de opciones.
Además, pocas cosas son tan democráticas en Costa Rica como la playa. Aunque la mayoría no podamos comprar casa frente al mar, la arena sigue siendo ese espacio donde las diferencias se diluyen. Llegamos en bus, bicicleta, carro o caminando. Allí se mezclan el empresario, el guarda, el turista, el pescador, el estudiante y el vendedor ambulante.
La discusión seria no es si debe haber desarrollo. La pregunta correcta es qué tipo de desarrollo queremos, con qué reglas, infraestructura, protección ambiental y beneficios locales. Alrededor del turismo de alta gama no viven solo los dueños de casas de lujo. Vive una economía entera: construcción, mantenimiento, seguridad, transporte, restaurantes, supermercados, proveedores, técnicos y pequeños emprendedores.
El ambientalismo serio es indispensable. El ambientalismo de consigna, no. El país debe proteger sus ecosistemas, pero también crear empleo. La sostenibilidad no puede ser excusa para inmovilizar territorios enteros ni para imponer una visión donde cualquier transformación se interpreta como pecado.
Se habla mucho de desarrollo costero como amenaza. Se habla menos de pobreza. El reto no es frenar las costas. Es hacerlas mejores, más inclusivas, más ordenadas y más inteligentes. Frenarlas por prejuicio ideológico sería una irresponsabilidad histórica. Las costas no necesitan nostalgia. Necesitan futuro.
rsolis@ua.co.cr
Rafael Solís C. es arquitecto.
