EscucharAl conocer el fallo de los magistrados sobre la llamada “ley jaguar”, Pilar Cisneros manifestó que era “un día de luto, de tristeza y realmente de frustración absoluta”, probablemente entendiendo que las inconstitucionalidades señaladas hacían inviable el proyecto y el referéndum planteado por el Poder Ejecutivo; es decir, que el jaguar estaba muerto.
Pero pocas horas después, el presidente Chaves afirmó, contrariamente, que era un día para que el pueblo celebrara “con regocijo en sus corazones”, puesto que, según él, la resolución era “un triunfo” para los propósitos del gobierno y que, por tanto, “el jaguar está vivo y cazando”.
Paradójicamente, después de sus horas de luto, la jefa de la bancada oficialista estaba presente en esa celebración, escuchando absorta las eufóricas palabras de su admirado presidente. Pero esta contradicción entre los personajes más conspicuos del oficialismo es solo una nimiedad comparada con la confusión e incompetencia que reina en la Casa Presidencial.
Con una interpretación a todas luces errónea del fallo, procedieron a presentar un nuevo proyecto, en vez de aceptar que fue un “intento” fallido y que la Sala IV no cambió la jurisprudencia, como el gobierno pretendía, según lo manifestado en su oportunidad por la exministra Natalia Díaz.
En este jaguar 2.0 se mantienen las reformas de las leyes que, según ellos, obstaculizan la construcción de la Ciudad Gobierno y de una marina en la costa del Caribe, porque interpretan, con una simpleza asombrosa, que si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no las consultó y los magistrados no se pronunciaron sobre ellas, entonces se ajustan a la Constitución. Un argumento que causa estupor, porque es sabido que la Sala IV no se pronunció porque no estaban incluidos en la consulta del TSE, aunque puede recurrir de nuevo a la Sala, y porque esas disposiciones son objeto de lo consultado por la Contraloría General de la República (CGR) y algunos diputados, que aún deben resolver los jueces.
Además, por ser un proyecto nuevo, con toda seguridad, el TSE, la Contraloría y los legisladores lo someterán al escrutinio de la Sala. La resolución de los magistrados y la categórica manifestación de que a la Contraloría “se le quitan herramientas importantes para ejercer sus funciones constitucionales” deben avergonzar a la ministra Laura Fernández, quien insistentemente aseguró lo contrario, pese a conocer la jurisprudencia y las advertencias previas.
Recordemos la arrogancia con que ella y el presidente retaban a un debate a la contralora, debate que sin su asistencia ganó con claridad, en vista de que los roces con la carta magna, que ella señaló, fueron confirmados por los magistrados, desestimando la argumentación de la ministra.
Sin pena alguna, la ministra afirma que el nuevo proyecto se ajusta a lo determinado por los magistrados y que ni siquiera es necesario consultarlo a la Sala IV. Después del fracaso de la versión original, un poco de humildad y prudencia sería lo adecuado.
Aunque a ella, al presidente, a los miembros del gabinete y a la fracción legislativa oficialista no les dé pena, a mí sí me la da la incapacidad y el ridículo que han hecho con el pretendido referéndum del jaguar.
El autor es exembajador.
