Con 18 años de experiencia en el Ministerio de Educación Pública (MEP), trabajando en tres décadas distintas y bajo cinco gobiernos, he sido testigo directo de nueve de los diez informes publicados. Desde 2007, cuando se presentó el segundo, vi cómo se construyeron políticas de Estado que, con todas sus limitaciones, ampliaron cobertura, sostuvieron programas de equidad y fortalecieron las universidades. Esa ruta, aunque imperfecta, guardaba coherencia. Hoy esa visión se interrumpió: lo que venía haciéndose medianamente bien se abandonó y la educación quedó en inercia.
Lo que señala el informe no es ajeno a quienes trabajamos en educación: se comprueba cada día en las aulas, en los pasillos y en las conversaciones entre docentes. Hemos levantado la voz sobre carencias y necesidades que deben corregirse, pero simplemente no han sido escuchadas. Para los educadores, nada de lo que refleja este documento es nuevo; lo nuevo, tristemente, es que siga sin hacerse nada para cambiar esa realidad.
Los problemas se acumulan. Las pruebas PISA 2022 registraron los peores resultados históricos en lectura y matemáticas; la infraestructura escolar está en ruinas, con cientos de centros bajo órdenes sanitarias y proyectos detenidos, y los docentes trabajan entre la sobrecarga burocrática y el desgaste emocional.
Sumemos dos decisiones sin sustento técnico: poner fin al convenio con la Fundación Omar Dengo y eliminar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral; estas disposiciones golpearon la inclusión digital y debilitaron la formación integral del estudiantado. Nada de esto sorprende en las aulas, pero ahora el informe lo documenta con cifras.
Lo más preocupante es la falta de conducción. El MEP pasó tres años sin un plan ministerial y el Consejo Superior de Educación perdió capacidad técnica y autonomía. Sin dirección estratégica, cualquier esfuerzo se diluye en medidas sueltas que no cambian la realidad.
A este contexto crítico que revela el informe se suma un desafío adicional: el mal ejemplo que transmite la máxima autoridad del país. ¿Cómo puede un docente enseñar a sus estudiantes que los conflictos se resuelven con diálogo, respeto y búsqueda de consensos, cuando el propio presidente de la República recurre a gritos, amenazas e improperios? En las aulas tratamos de mostrar que la convivencia democrática se construye con escucha y palabra, pero la incoherencia entre lo que se predica en la escuela y lo que se observa en la vida pública se convierte en un obstáculo más para educar en valores ciudadanos.
La educación no puede tratarse como un gasto ni como un problema fiscal. Es la inversión estratégica más importante del país, la que sostiene el desarrollo económico, social y democrático. Y requiere visión de largo plazo: se gobierna pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. La educación es el terreno donde esa verdad resulta más urgente.
La advertencia es clara: no podemos cifrar nuestras esperanzas en que el gobierno actual vaya a corregir el rumbo, porque su indiferencia hacia la educación ya quedó en evidencia. Podemos señalar culpables, porque los hay, pero más allá de eso, lo urgente es concentrarnos en soluciones reales y sostenidas. Cuatro años más de continuismo e improvisación no solo profundizarían la crisis: podrían empujar al sistema a una situación sin precedentes.
Todos debemos asumir responsabilidades y corregir lo que no estamos haciendo bien. Pero, sobre todo, Costa Rica necesita una política educativa robusta y clara, que perdure en el tiempo y se mantenga con continuidad más allá de los partidos y de los ciclos políticos. Solo así podremos rescatar la educación y devolverle su papel como motor de equidad y democracia.
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Adrián Espinoza Vásquez es docente de secundaria, licenciado en Estudios Sociales y Educación Cívica, y máster en Administración Educativa.
