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Costa Rica se ha acostumbrado –a veces con excesiva confianza– a pensar que su democracia es un mecanismo que funciona solo, casi por inercia histórica. Que los contrapesos están ahí y que, pase lo que pase en una elección, “las instituciones aguantan”. Esa idea, cómoda pero peligrosa, es la que hoy conviene poner en duda.
El próximo gobierno no solo definirá el rumbo económico o social del país. Tendrá en sus manos algo mucho más delicado: la conformación de una parte clave del Poder Judicial y de los mandos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). No es un detalle técnico ni un asunto menor. Es uno de esos momentos en que la política deja de ser retórica y se convierte en arquitectura institucional.
En ese contexto, el escenario de una eventual llegada de Laura Fernández a la presidencia, acompañada de una mayoría legislativa alineada con su proyecto político, merece una reflexión serena pero firme. No desde el alarmismo fácil, sino desde la experiencia histórica y el sentido común democrático.
Costa Rica no es una dictadura ni está condenada a serlo. Pero tampoco es inmune a la erosión democrática. La historia comparada enseña que las democracias no suelen morir de golpe, sino por acumulación: una reforma aquí, un nombramiento allá, una justificación “temporal” que se vuelve permanente. Casi siempre con respaldo electoral y con aplausos de una base convencida de que el fin justifica los medios.
En los últimos años, hemos visto emerger en el discurso político una lógica preocupante: la idea de que el líder fuerte, rodeado de fieles, puede –y debe– presionar, desacreditar o “ordenar” a las instituciones cuando estas no se alinean con su proyecto. Bajo esa narrativa, el problema no es el abuso de poder, sino el “obstáculo” que representa la institucionalidad.
Ahí aparece un riesgo bien conocido en la psicología política: el pensamiento de grupo. No el de los manuales académicos, sino el cotidiano, el humano. Ese que lleva a rodearse de personas que confirman lo que el liderazgo ya cree, que evitan la disidencia para no quedar fuera y que compiten entre sí por demostrar lealtad. No para pensar mejor, sino para pensar igual.
Una mayoría legislativa no es peligrosa por sí misma. Lo es cuando renuncia al debate interno, cuando se convierte en una maquinaria de aprobación automática y cuando entiende los nombramientos institucionales como premios políticos y no como responsabilidades republicanas. En ese punto, el Congreso deja de ser un contrapeso y pasa a ser una extensión del Poder Ejecutivo.
La elección de magistrados y de jerarcas del OIJ exige justamente lo contrario: distancia, criterio técnico, independencia. Son cargos pensados para resistir al poder político, no para servirle. Cuando quienes los designan lo hacen bajo la lógica de la disciplina partidaria o de la revancha política, el daño no se nota de inmediato, pero se acumula.
Algunos dirán que estas advertencias son exageradas, que “aquí eso no pasa”. También se decía eso en países que hoy lamentan haber subestimado señales tempranas. La suspensión de garantías individuales planteada como solución fácil a problemas complejos, la deslegitimación constante de jueces y fiscales incómodos, y la idea de que la voluntad electoral autoriza a gobernar sin frenos, no son anécdotas aisladas. Son piezas de un mismo rompecabezas.
La democracia no es solo votar cada cuatro años. Es aceptar límites, incluso cuando estorban. Es tolerar la crítica, incluso cuando incomoda. Y es entender que el poder sin contrapesos no se vuelve más eficiente: se vuelve más peligroso.
Este no es un llamado al miedo, sino a la responsabilidad. A recordar que las mayorías pasan, pero las instituciones quedan –o deberían quedar– para proteger a todos, incluso a quienes no votaron por el gobierno de turno.
Costa Rica no necesita líderes infalibles ni congresos obedientes. Necesita gobernantes conscientes de que su fuerza está precisamente en no tenerlo todo bajo control. Porque cuando una sola corriente política controla el Ejecutivo, domina el Legislativo y condiciona los nombramientos judiciales, la democracia deja de ser un sistema compartido y empieza a parecerse demasiado a un proyecto personal.
Y ahí, cuando el equilibrio se rompe, ya no importa quién gane la próxima elección. El costo lo pagamos todos.
Ronny De Greef Acevedo es economista y analista.
