Quienes tuvimos la responsabilidad de servir desde el Ministerio de la Presidencia y conocimos de cerca los protocolos de seguridad presidencial sabemos que la inteligencia no se anuncia, no se improvisa y no se politiza. Se trabaja con cautela, se confirma varias veces la información, se protege la fuente, se evalúan escenarios y solo entonces, si el riesgo es real, se actúa de forma coordinada con las autoridades judiciales correspondientes.
Por ello, el reciente anuncio público sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente de la República genera, como mínimo, serias dudas desde una óptica institucional y técnica.
Históricamente, la DIS no ha funcionado como una oficina denunciante ni como una vocería política. Su metodología ha sido clara y consistente: investigar primero, confirmar después y judicializar al final, cuando el caso está debidamente armado y sustentado.
En situaciones sensibles del pasado, relacionadas con amenazas a la seguridad nacional o al orden institucional, la DIS nunca acudió primero a los medios ni expuso investigaciones en curso. Por el contrario, trabajó durante meses con absoluta reserva para no alertar a posibles responsables, no contaminar pruebas y no poner en riesgo a terceros.
Por eso, resulta ilógico que, ante una amenaza de tal gravedad, el procedimiento parezca haberse invertido: denuncia pública temprana, amplia exposición mediática y narrativa política, sin que hasta ahora se conozcan detenciones, allanamientos o resultados concretos de una investigación concluida.
Este episodio ocurre, además, a las puertas de una elección presidencial, en un país profundamente polarizado. No es un secreto que el actual gobierno ha recurrido con frecuencia a discursos confrontativos y a estrategias de victimización política para mantenerse en el centro del debate público.
Aquí surge una contradicción evidente: por un lado, se insiste en que la seguridad en Costa Rica ha mejorado; por otro, se presenta un escenario en el que incluso el presidente estaría bajo amenaza de un sicariato. Ambas afirmaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo.
No se trata de negar de plano la posibilidad de una amenaza, sino de cuestionar la forma en que se ha manejado el tema. La inteligencia seria no busca titulares, no construye relatos emocionales, ni se presta para agendas políticas coyunturales.
Cuando una institución de inteligencia abandona su tradicional discreción y actúa de manera pública y precipitada, pierde credibilidad y abre la puerta a dudas legítimas: ¿se protege realmente la seguridad nacional o se alimenta un relato político?
Costa Rica ha sido, históricamente, un país donde los órganos de seguridad e inteligencia han actuado con profesionalismo y mesura. Convertir la seguridad del Estado en un instrumento de propaganda es un camino peligroso que erosiona la confianza ciudadana y debilita la institucionalidad.
La inteligencia, para ser efectiva, debe ser silenciosa. Cuando deja de serlo, deja de ser inteligencia.
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Rodolfo Cruz Morales es exoficial de seguridad presidencial. Laboró de 1993 a 1996 en el Ministerio de la Presidencia y Casa Presidencial.
