
En ocasiones, tres noticias aparentemente distintas terminan iluminando una misma verdad. Este 3 de setiembre, La Nación publicó tres artículos que nos llaman a reflexionar: un editorial sobre la utilización sistemática del insulto como método de gobierno, la condena de una activista por amenazar al exdiputado Ariel Robles y una voz ciudadana independiente –la de don José Joaquín Chaverri– que formula espontáneamente una aspiración contraria: serenidad, responsabilidad, respeto y bien común.
Entre todos esos artículos existe algo más que una coincidencia temporal. Existe una relación que debería preocuparnos: la manera en que hablamos desde el poder termina influyendo en la manera en que nos hablamos como sociedad.
El lenguaje político no se queda en la política; educa, contagia y termina modelando la cultura cívica, aun cuando la palabra deja de ser instrumento de razón y comienza a convertirse en arma. ¿Qué ocurre entonces cuando quien ocupa la Presidencia convierte el agravio en una forma habitual de comunicación?
El presidente –o la presidenta– no es un ciudadano cualquiera. Es el funcionario de mayor rango del Estado y, por lo tanto, un referente moral de la sociedad civil. Su investidura le impone una responsabilidad que excede la probidad administrativa: debe custodiar también la dignidad del cargo, la altura del lenguaje y la calidad del ejemplo. Porque los pueblos no solo escuchan a sus gobernantes, también los imitan.
Si desde la cima del Estado se ridiculiza, se humilla o se deshumaniza a quien difiere, el ciudadano puede terminar aprendiendo una lección perversa: que para vencer una razón, basta con desacreditar al otro. Y así, poco a poco, el argumento pierde prestigio y el insulto adquiere identidad.
Quien gobierna desde la altura de la Presidencia debería recordar que sus palabras no caen al vacío, sino que descienden por la sociedad, como lo hace la conducta de un padre hacia sus hijos. Lo mismo ocurre con el modelo de conducta presidencial. El ciudadano observa. Aprende. Reproduce.
No podríamos afirmar que una palabra presidencial genera automáticamente una amenaza, ni que existe una relación causal entre ambos hechos. La conducta humana es demasiado compleja para semejante determinismo, y en este análisis, tal simplificación difícilmente nos conduciría a la verdad. Pero sí es razonable decir que la reiteración pública de la agresividad contribuye a normalizarla. Y cuando lo excepcional se vuelve cotidiano, nos termina pareciendo legítimo.
El caso de Yendry Quirós debería recordárnoslo. Discrepar de un funcionario es un derecho democrático; amenazar su integridad física, no. El tribunal consideró que aquellas expresiones no constituían un mero exabrupto, sino una exteriorización seria e intimidante de un mal futuro. He aquí la frontera que una democracia civilizada no puede perder: combatir ideas sin combatir personas; destruir argumentos sin destruir al adversario y ser firmes sin ser viles.
Hace casi dos siglos, Edward Bulwer-Lytton puso en boca del cardenal Richelieu una frase que sobrevivió a su obra: “The pen is mightier than the sword”. Pero suele olvidarse la línea que la precede: “Beneath the rule of men entirely great…”. Es decir: “Bajo el gobierno de hombres verdaderamente grandes, la pluma es más poderosa que la espada”. Hay en esa frase una lección política extraordinaria, casi lírica. La grandeza del gobernante no se mide por su capacidad de imponer o hacer ruido, sino por la de persuadir y por cuánta razón puede hacer prevalecer.
Una pluma simboliza mucho más que la escritura: es argumento, inteligencia, educación, deliberación. Y también inteligencia emocional, porque comprender que el adversario merece respeto incluso cuando está equivocado es una forma superior de dominio sobre uno mismo. El culmen de la metacognición, considerada a su vez la forma más sofisticada del concepto clásico de inteligencia.
Todo insulto contiene una curiosa pobreza: pretende disminuir al adversario y, en el proceso, termina revelando a quien lo profiere. La libertad de expresión no fue concebida para que todos pudiéramos insultarnos impunemente. Fue concebida para que pudiéramos confrontar nuestras ideas sin destruir nuestra dignidad. No aspirando a la unanimidad, sino a la civilidad.
Recordémoslo. Porque cuando la palabra conserva su dignidad, hasta quien pierde una discusión puede conservar la suya.
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José Alberto Méndez Solano es administrador de negocios, mercadólogo y consultor.