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Hay una diferencia decisiva en toda democracia: la que separa la protección legítima de derechos del uso discrecional del poder. Esa diferencia no siempre está en lo que el Estado hace, sino en cómo lo explica.
Cuando las decisiones públicas se amparan en justificaciones genéricas, sin motivación clara ni límites precisos, la línea comienza a desdibujarse.
En tiempos electorales, esa línea –la que no debe cruzarse– se vuelve aún más delicada, porque cada actuación institucional no solo administra: también proyecta poder.
Más que un caso: un principio democrático
Cuando se habla de un recurso de amparo vinculado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), es fácil caer en la tentación de reducir el debate a nombres propios o coyunturas. Sin embargo, hacerlo sería un error.
Lo que realmente está en juego no es solo una familia ni un episodio puntual, sino un principio estructural de la democracia: el derecho ciudadano a conocer cómo actúa la Administración Pública. Es ese principio –y no el caso– el que define la calidad de nuestras instituciones y el alcance real del control ciudadano.
Negar sin explicar
El punto de partida es sencillo. Se solicita información de carácter administrativo –criterios, procedimientos, mecanismos institucionales– y la respuesta es una negativa absoluta, sustentada en una afirmación genérica de confidencialidad. Sin norma citada, sin motivación concreta, sin distinguir entre lo público y lo reservado. Es precisamente en ese “cómo se responde” donde se abre la verdadera discusión. No es la negativa lo que define el problema, sino la ausencia de razones que la sostengan.
La publicidad es la regla
La Constitución Política es clara. El acceso a la información pública no es una concesión: es un derecho. La regla es la publicidad; la excepción, la confidencialidad. Pero esa excepción debe justificarse, motivarse y aplicarse de forma restrictiva. No basta decir que algo es confidencial; hay que demostrarlo, explicar su fundamento y delimitar su alcance. En democracia, el problema no es solo lo que el Estado hace, sino lo que no explica.
Cuando la excepción se vuelve práctica
Cuando ese estándar se relaja, se produce una erosión silenciosa. No es solo la negativa, es la práctica: confidencialidad sin fundamento, decisiones sin motivación, omisión del principio de divisibilidad. Cada uno de estos elementos, por separado, puede parecer menor; juntos, configuran una forma de ejercicio del poder que se aleja del control ciudadano. Negar todo no protege: oculta, y en ese ocultamiento se debilita la legitimidad institucional.
A mayor poder, mayor transparencia
El caso es aún más relevante tratándose del PANI. Su función exige prudencia, sí, pero también mayor transparencia. En instituciones que protegen derechos fundamentales, el estándar no puede ser menor, sino superior. La legitimidad institucional no depende solo de actuar, sino de explicar cómo y por qué se actúa, especialmente cuando sus decisiones tienen impacto público.
Cuando el poder entra en campaña
Este caso ocurre en medio de un proceso electoral. Eso cambia el marco de análisis. Cuando decisiones institucionales se proyectan sobre el entorno de actores políticos, el estándar de exigencia aumenta. No basta con legalidad: se requiere imparcialidad visible y explicable, capaz de resistir el escrutinio público.
No se trata de afirmar intenciones, pero sí de reconocer un riesgo que la experiencia democrática no permite ignorar: la posible instrumentalización del aparato estatal.
En toda democracia madura, existe un principio no escrito pero esencial: el aparato estatal no puede convertirse en un actor más de la contienda política. Su legitimidad descansa, precisamente, en mantenerse por encima de ella. Cuando esa frontera se vuelve difusa –aunque sea en apariencia– no solo se compromete una decisión puntual, sino la percepción de imparcialidad del Estado en su conjunto. La competencia electoral deja de ser plenamente equitativa.
Cuando el poder no se explica en estos contextos, deja de ser solo administración y empieza a ser mensaje. Y los mensajes del Estado, en campaña, no son neutros. Porque donde falta explicación, comienza la sospecha. Y en tiempos electorales, la sospecha no es un detalle: es un riesgo democrático.
Proteger no es ocultar
El interés superior del menor es incuestionable. Pero no puede convertirse en un argumento genérico para negar información administrativa. Proteger datos sensibles no es lo mismo que ocultar criterios institucionales. Una cosa resguarda derechos; la otra impide su control. Confundir ambos planos no fortalece la protección: la debilita, al diluir los límites entre lo público y lo privado.
La pregunta de fondo
¿Puede la Administración decidir discrecionalmente qué es público y qué no? Si la respuesta es sí, la transparencia deja de ser principio y se convierte en opción. Y cuando eso ocurre, la relación entre el Estado y la ciudadanía se transforma.
Cuando la Administración se arroga la facultad de decidir qué puede conocerse y qué no, sin control ni justificación suficiente, el problema deja de ser administrativo y se convierte en político. El derecho a saber deja de ser garantía y pasa a depender de la voluntad de quien ejerce el poder. Y ahí, el equilibrio democrático comienza a resentirse.
Las instituciones no caen de golpe. Se erosionan gradualmente. Respuestas sin motivación. Confidencialidad sin fundamento. Silencios que sustituyen explicaciones. Cada uno de estos elementos, acumulados en el tiempo, redefine el estándar institucional hacia abajo. Lo que hoy se justifica sin explicar, mañana puede convertirse en práctica. Y lo que se vuelve práctica termina normalizándose.
El control del poder
El recurso de amparo es más que un trámite. Es un recordatorio de que el poder tiene límites, de que la información es un derecho y de que la transparencia no es negociable. No es solo un mecanismo procesal, es una garantía sustantiva del equilibrio democrático.
Por eso, lo que está en juego no es únicamente un estándar jurídico, sino un principio democrático más amplio: que el poder público no puede ejercer influencia sin rendir cuentas. En contextos electorales, esta exigencia adquiere una dimensión aún más crítica, porque lo que se protege no es solo el acceso a la información, sino la integridad misma del proceso democrático.
La línea que no debe cruzarse
La democracia exige algo más que votar: exige que el poder se explique. En tiempos electorales, esa exigencia es mayor, porque es ahí donde se pone a prueba la imparcialidad del Estado.
Si el Estado actúa sin explicar, si interviene sin motivar, si decide sin distinguir, el riesgo es democrático: se debilita la confianza. Se distorsiona la competencia. Se erosiona la legitimidad.
La línea es clara: la que separa la protección de derechos del encubrimiento de decisiones. Cuando el Estado no justifica lo que hace, no protege mejor; explica menos. Y cuando explica menos, se acerca peligrosamente a la discrecionalidad.
Exigir explicaciones no es un gesto político: es un deber democrático.
En democracia, proteger derechos exige siempre algo más que actuar: exige explicar.
rcastrocalvo@gmail.com
Ricardo Castro Calvo es abogado.
