Hace unos días, Glenda Umaña y Hugo Famanía me entrevistaron para conocer mi opinión sobre la situación ambiental en Crucitas, como parte de un reportaje que se emitirá en un medio de comunicación panameño. Nos instalamos junto al lago del parque de la Paz. Un rayo de sol me iluminaba la cara. “Funciona bien para la cámara”, dijeron. Yo lo sentí en los ojos. El malestar me resultó demasiado cercano al tema que nos disponíamos a abordar.
Fueron directo al grano. “¿Qué concluyeron en las mesas de diálogo sobre el futuro de Crucitas que usted coordinó con la Academia Nacional de Ciencias hace un año y medio?”. Intenté responder con honestidad: es un tema complejo que se beneficia de sentar a expertos ambientales, sociales y legales a conversar. Insistieron: “¿Convendría traer a una empresa minera a extraer el oro?”. Es posible que sí –contesté–. Pero antes, el Estado tiene que hacer algunas cosas clave y, sobre todo, mantener la conversación abierta.
Les sorprendió la escasez de espacios de diálogo sobre Crucitas. Comenté que han predominado posiciones radicales, enfrentadas, sin puntos de encuentro. A esto se suman propuestas que privilegian el beneficio económico por encima de la recuperación de un ambiente degradado durante décadas, primero por el oportunismo de grupos coligalleros y, más recientemente, por el crimen organizado.
También preguntaron por estándares ambientales y sociales para la industria minera. Les expliqué que existen y pueden adaptarse al país. Pero exigirlos requiere capacidad técnica e institucional para definirlos, evaluarlos y supervisarlos con independencia. No hay soluciones simples, pero sí formas más rigurosas de hacer las cosas, incluido el apoyo de instancias internacionales especializadas que aporten experiencia y credibilidad al proceso.
Quince minutos después, con la luz aún en los ojos, entendí lo cortos que son 15 minutos. La entrevista había terminado y yo apenas empezaba. Me quedé pensando en todo lo que dejé por fuera. No mencioné algo fundamental: hoy no sabemos realmente cuál es el daño en Crucitas. No existe un estudio que determine el riesgo que implican el mercurio, el cianuro y otros metales tóxicos en el ambiente y en la salud de las personas. Ante la falta de una responsabilidad definida, la legislación indica que el Estado debería asumir el costo de ese estudio.
Y esa falta de estudio marca el punto de partida de todo lo demás: sin esa base, resulta imposible tomar decisiones informadas, diseñar soluciones o exigir responsabilidades. También dificulta atraer operaciones mineras formales a un sitio donde la magnitud del problema se desconoce.
Algunos plantean que una empresa minera podría contribuir a remediar el daño al reprocesar el material aún presente en el suelo. Es posible. Pero surge una pregunta clave: ¿qué ocurre si el área afectada supera los límites de la concesión? Ese daño quedaría fuera de su alcance.
En la práctica, estamos tratando de resolver algo que aún no hemos terminado de entender. Y eso tiene consecuencias: abre espacio a decisiones parciales, a soluciones incompletas y a conflictos que, tarde o temprano, volverán a aparecer.
Los precios del oro, hoy por las nubes, pueden empujar a decisiones guiadas por la expectativa de ganancias: obtener ingresos y, de paso, atender el daño ambiental. Y, sin embargo, esta misma coyuntura podría representar una oportunidad si se prioriza la recuperación ambiental al atraer a actores con trayectoria, estándares robustos y capacidad técnica, capaces de operar bajo condiciones exigentes.
Y ahí es donde regreso, casi sin querer, al inicio. A esa pregunta directa, bajo el sol. Porque la discusión en el país se ha planteado, en la mayoría de los casos, como un sí o un no a la minería. Pero probablemente esa no es la pregunta correcta. Tal vez es otra, más incómoda, pero también más necesaria: ¿estamos dispuestos, como país, a entender el problema que decimos querer resolver?
Esa conversación requiere información clara y compartida, criterios técnicos desde el inicio y espacios para escuchar tanto a quienes estudian estos procesos como a quienes viven en el territorio. También exige definir condiciones claras antes de discutir soluciones y ordenar prioridades a partir del problema ambiental existente.
Requiere método, transparencia y acuerdos que se sostengan más allá de la coyuntura de precios altos del oro.
Ahí podría empezar, por fin, la conversación pendiente sobre Crucitas.
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Emma Tristán es geóloga y consultora ambiental.
