EscucharLos hechos publicados en los primeros días de este año con motivo de los enfrentamientos entre privados de libertad, el intento de fuga masiva de mayo pasado y la muerte de internos de estos centros, denotan que la situación en las cárceles de Costa Rica está en un punto de ebullición.
El hacinamiento, la permanente burla a los controles de seguridad para el ingreso de particulares y la constante evidencia que desde los centros penitenciarios se fraguan delitos y estrategias de alto calibre son algunas de las muestras de una acción institucional de gobierno postergada por años.
Se ha abandonado y se ha abordado de forma inadecuada la atención de los problemas propios de estos centros, donde cada vez es más frecuente que en Costa Rica se encarcela a individuos con historiales delictivos de alta peligrosidad, incluso pertenecientes al crimen organizado que, dicho sea de paso, guste o no, está mejor organizado y armado para enfrentarse a nuestros agentes policiales.
No es de extrañar que esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicara un comunicado en el que deplora las muertes en La Reforma, lo que pone de manifiesto en la esfera supranacional que las cosas en Costa Rica se están saliendo del saco de control y, sobre todo, que este país tiene problemas serios, estructurales y de atención urgente tanto en reacción como en la prevención del delito. No es posible que la estadística indique a un oficial por cada tres o más privados de libertad; esto va en detrimento de todo esquema de seguridad nacional y, sobre todo, atenta contra la integridad de los agentes policiales que custodian las cárceles.
Costa Rica, como Estado de derecho, no puede renunciar ni delegar a manos privadas el resguardo de la seguridad de sus ciudadanos ni, mucho menos, continuar con esta inacción institucional que parece una pandemia; tampoco puede seguir postergando el logro de acuerdos políticos que permitan atacar los problemas seria y responsablemente, destinando recursos y coordinando con todas las instituciones competentes.
En el país más feliz del mundo están sucediendo cosas muy serias que se deben resolver con responsabilidad política. No podemos convertirnos en el país de la gente con miedo por falta de la presencia del Estado en todo lo que constitucionalmente le corresponde y le demanda a su Gobierno.
