Con los resultados del más reciente Informe del Estado de la Educación, nos enteramos de cuánto cuesta avanzar en la Administración Pública y cuán rápido se puede retroceder. Se han desmantelado políticas públicas sin ofrecer mejores alternativas y, ante este panorama, no pierde ni el gobierno ni la oposición, sino toda la ciudadanía costarricense.
Hoy, nuestro país afronta un desafío enorme: ya no se trata de pensar en avanzar, sino de contener para no seguir retrocediendo. Tenemos una generación que ingresa a la adultez con un ciclo educativo profundamente marcado por interrupciones: las huelgas de 2018 y 2019, sumadas a la pandemia de 2020 y 2021.
Estamos “formando” estudiantes –niños y jóvenes que hoy son adultos– que no recibieron siquiera lo más básico de la experiencia educativa. Elementos tan sencillos pero trascendentales como la convivencia en las aulas o en los recreos, que enseñan a respetar, a trabajar en equipo y a vivir en sociedad, se vieron truncados.
La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos haciendo para darle un mejor futuro a esta generación? ¿Cuáles herramientas estamos utilizando para alejarlos del narcotráfico y el sicariato como los “oficios” a los cuales se pueden aspirar?
Este gobierno la tuvo picando, pero definitivamente, en materia educativa, nos quedó debiendo. Para el año 2024, el gobierno recortó 110.000 becas del programa Avancemos a escolares y colegiales, lo que representa un 28% menos con respecto a las asignadas en el año 2022, subsidios desde los ¢20.000 a los ¢40.000 que representaban unos ¢12.000 millones del Presupuesto Nacional, un poco más de la mitad de la megacárcel propuesta por el Poder Ejecutivo.
En el año 2019, se promulgó la Ley N.° 9728 (Ley de Educación y Formación Técnica Dual), que es un sistema mixto de enseñanza que combina clases en las aulas con una práctica en las empresas. Hoy, casi en el 2026, ya podemos evaluar los resultados y algunos puntos de mejora de esta normativa. En 2024, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tenía registrados 91 convenios y 249 egresados desde 2019, números, a mi criterio, poco impactantes, a pesar del potencial enorme de este programa.
Los pobres resultados se deben en gran parte a que, por cada alumno, las empresas deben invertir ¢145.000 mensuales, evidenciando que al final no resultó atractivo para las empresas adoptar estudiantes bajo esta modalidad y que algunos requisitos burocráticos impidieron la materialización de los objetivos de esta. Lo anterior resulta contradictorio cuando el INA, al año 2024, tenía un superávit superior a los ¢174.000 millones de colones.
Durante casi cuatro años me he dedicado a la construcción y promoción del expediente 24.283, Ley para la Transformación Dual y Revolución Industrial 4.0 en Costa Rica, convencido de que esta generación no tiene el tiempo suficiente para esperar una carrera universitaria completa. Debemos, más bien, brindarles una formación ejecutiva ágil y pertinente, que les permita adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para insertarse en el mercado laboral, siempre tomando en cuenta los elementos previamente señalados.
En virtud de lo anterior, nuestro proyecto de ley propone excluir de la obligatoriedad a las empresas y centros de formación para la empleabilidad de adquirir la póliza para estudiantes de formación dual del INA, así como exonerar a las empresas que participen en dichos programas del aporte mensual al Fondo Especial de Becas del INA.
El objetivo es claro: incentivar la participación del sector empleador y ampliar las oportunidades de formación dual. Para dimensionarlo, en el año 2024, este fondo contó con cerca de ¢7.000 millones disponibles; de aprobarse la exoneración, esos recursos permitirían incorporar a más de 45.000 estudiantes en esta modalidad.
Los retos que enfrentará el próximo gobierno en materia educativa son inmensos y lo más preocupante es que no contamos con tiempo para resolverlos. Necesitamos volver a lo esencial: que cada niño y joven tenga las herramientas básicas para comprender lo que lee, expresarse con claridad al escribir y manejar con seguridad las operaciones matemáticas. La evidencia muestra que sin esas competencias fundamentales es casi imposible cerrar las brechas que hoy nos están costando tanto como país.
Más que grandes anuncios, Costa Rica necesita una política nacional enfocada en recuperar aprendizajes básicos. Eso implica campañas nacionales de comprensión de lectura, programas de refuerzo en lectoescritura y matemáticas, evaluaciones periódicas que permitan medir avances y, sobre todo, capacitar a los docentes con metodologías más ágiles y cercanas a la realidad de los estudiantes. Apostar por lo esencial es la única forma de garantizar que esta generación tenga un futuro distinto, con más oportunidades y menos exclusión.
Además de lo anterior, si yo tuviera la responsabilidad de ser el próximo ministro de Educación, lo más trascendental sería impulsar una campaña nacional de valores. Una iniciativa que, lejos de ser tan costosa como algunos podrían suponer, tendría la capacidad de restaurar el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la escucha mutua, pilares indispensables para recuperar la paz social que tanto necesita nuestro país, porque no se trata de transmitir el conocimiento y las habilidades, sino también sacar el mayor provecho de este para el bienestar de las personas, sus familias y nuestro país.
Carlos Felipe García Molina es diputado de la República.