El llamado “modelo Bukele” se presenta como una de ellas. Desde fuera, la narrativa es conocida: megacárceles, capturas masivas, estados de excepción y una aparente reducción de la violencia. Pero lo que rara vez se dice –y que Cristosal ha documentado– es que ese modelo no se construyó sobre legalidad ni transparencia, sino sobre la demolición progresiva de los contrapesos democráticos.
Antes de los estados de excepción, hubo negociaciones secretas con pandillas. Antes de la concentración de poder, hubo pactos políticos con estructuras criminales para obtener beneficios electorales. Y cuando esos acuerdos dejaron de ser útiles, el régimen optó por una estrategia distinta: suspender derechos de forma indefinida, debilitar el sistema judicial y gobernar desde la excepcionalidad permanente.
Hoy, El Salvador tiene decenas de miles de personas privadas de libertad sin juicio, sin defensa efectiva y sin condena. Familias que no saben si sus parientes siguen vivos. Denuncias sistemáticas de tortura, muertes bajo custodia estatal y persecución directa contra periodistas, defensores de derechos humanos y voces críticas. La inseguridad no desapareció: cambió de rostro. Ese es el dato incómodo que suele omitirse cuando el modelo se exporta como receta.
En Costa Rica, la visita de Nayib Bukele y la exaltación de su “experiencia” en pleno proceso electoral no son hechos neutros. Introducen una lógica peligrosa: la idea de que la democracia costarricense es un obstáculo y no una fortaleza; que los derechos son un lujo que puede suspenderse; que la eficacia justifica cualquier medio. Es el mismo argumento que, una y otra vez, ha llevado a la región a callejones sin salida.
El pueblo costarricense no está ante una decisión abstracta. Está ante una prueba concreta: cómo enfrentar el crimen sin convertirse en una sociedad gobernada por el miedo. Porque cuando el Estado se acostumbra a detener sin pruebas, a callar la crítica y a gobernar sin límites, el daño deja de ser selectivo y se vuelve estructural.
La historia reciente demuestra que los regímenes autoritarios no desmantelan el crimen organizado: lo administran, lo negocian o lo sustituyen. Lo que sí desmantelan, con eficiencia, es la capacidad ciudadana de exigir cuentas, de disentir y de corregir el rumbo.
Costa Rica aún tiene algo que muchos países ya perdieron: instituciones que funcionan, una ciudadanía crítica y una tradición democrática viva. Defenderlas no implica negar la crisis de seguridad, sino asumirla sin renunciar a aquello que hizo del país un referente regional.
No hay atajos inocentes. El camino fácil casi siempre cobra un precio que se paga más temprano que tarde, cuando ya no quedan jueces independientes, prensa libre ni espacio para la protesta. En ese punto, el pueblo deja de decidir su destino.
La verdadera fortaleza de Costa Rica no está en copiar modelos ajenos, sino en demostrar –una vez más– que la seguridad y la democracia no son enemigas. Que el miedo no puede ser la brújula del poder. Porque cuando una sociedad entrega derechos a cambio de promesas de seguridad, rara vez recupera lo que cedió.
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Noah Bullock es el director ejecutivo de Cristosal.
