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Costa Rica ha promovido con éxito la movilidad eléctrica como una alternativa para reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia la descarbonización del transporte.
Los resultados son evidentes: durante 2024, la cantidad de vehículos eléctricos inscritos pasó de 12.218 a 22.731 unidades, lo que representa un crecimiento del 86% en solo un año, según datos del Registro Nacional divulgados por la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove).
Este avance refleja la confianza de los ciudadanos en una tecnología más limpia, pero también pone en evidencia una debilidad que no puede seguir ignorándose: la escasez de infraestructura de carga rápida.
Mientras el parque vehicular eléctrico crece aceleradamente, la red nacional de cargadores rápidos continúa siendo insuficiente y se concentra, en su mayoría, en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Esta situación limita los desplazamientos hacia otras regiones, genera incertidumbre entre los conductores y puede desincentivar a quienes desean adquirir un vehículo eléctrico.
Resulta contradictorio impulsar incentivos para esta tecnología sin garantizar las condiciones necesarias para su uso eficiente en todo el territorio nacional.
Costa Rica ha construido una sólida reputación internacional en materia ambiental. Ahora corresponde al Estado, al ICE y a la empresa privada responder con la misma determinación mediante la expansión de la infraestructura de carga rápida.
La transición hacia un transporte sostenible no debe medirse únicamente por la cantidad de vehículos vendidos, sino por la capacidad del país para ofrecer a sus ciudadanos una red de recarga segura, accesible y confiable que permita recorrer cualquier rincón del territorio con tranquilidad.
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María Evangelina Calderón Cerdas es vecina de Río Claro, Golfito.
