La ciencia puede generar bienestar y riqueza, un hecho conocido, pero no entendido ni apreciado en Costa Rica. Así lo indica el Informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del 2014: el país del “pura vida” enfrenta, desde hace décadas, una impotencia estructural para construir una institucionalidad sólida en ciencia, tecnología e innovación.
Esta situación se refleja en múltiples dimensiones, empezando por su continuo descenso en el Índice Global de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): del puesto 55 en el 2019, al 68 en el 2022 y el 72 en el 2025. Lamentablemente, se invierte apenas 0,29% del PIB en investigación y desarrollo (I+D), un monto muy bajo, insuficiente para poder insertarse en sectores de frontera tecnológica y competir en una economía global cada vez más basada en el conocimiento, caracterizada por una infraestructura científica extremadamente robusta y sistemas consolidados en I+D.
Además, se esperaba que la Ley CHIPS and Science, de Estados Unidos, impulsara fuertemente la manufactura avanzada de microchips en Costa Rica; no obstante, las condiciones geopolíticas presentes muestran un impacto bastante menor que el proyectado.
Adicionalmente, nuestra nación ya no puede apoyarse en esquemas tradicionales de cooperación. Desde el 2025, el país es oficialmente catalogado como de renta alta, con un ingreso nacional bruto per cápita de $15.620. Al ser miembro de la OCDE y con ese nivel de ingreso, ya no puede aspirar a recibir donaciones en ciencia y tecnología como un país de renta media; ahora debe generar y evidenciar capacidades propias para ganar socios estratégicos, inversión en innovación y alianzas de investigación. Estas alianzas deben ser abiertas, sin restricciones geopolíticas o ideológicas.
Tampoco favorece la aplicación de normativas como la Ley General de Contratación Pública (N.º 9986) y el Decreto Ejecutivo 44659-S, el cual regula los insumos denominados RUOS (siglas en inglés de Research Use Only, ‘solo para investigación’), al introducir nuevas barreras administrativas y operativas que afectan la labor de investigación en entidades públicas y privadas, especialmente en biociencias.
Asimismo, según indica Cinde, entre el 2022 y el 2025 se produjo una “desaceleración histórica” en el empleo generado por multinacionales, con unos 30.000 puestos menos respecto al periodo 2018-2021, una seria advertencia, especialmente porque Costa Rica ostenta el salario básico más alto de America Latina, razón para enfocarnos en actividades intensivas en conocimiento.
Competir en manufactura de bajo o medio costo ya no es factible; la única ruta sostenible es edificar un ecosistema científico sólido capaz de generar innovación, propiedad intelectual y productos de alto valor agregado. Por ello, no ayuda la orientación actual del Micitt, centrada esencialmente en tecnologías de información, dejando de lado disciplinas estratégicas como biociencias, materiales avanzados o salud.
Adicionalmente, existe un reto cultural, pues persiste una baja autoestima colectiva respecto a la capacidad de científicos costarricenses para producir conocimiento con gran impacto en la sociedad. Esto reduce la prioridad de actores gubernamentales y empresariales hacia a la investigación y el desarrollo, creando un círculo vicioso: la falta de confianza se traduce en falta de inversión, y esta, a su vez, en menos resultados palpables.
Las ofensas y descalificaciones constantes dirigidas a las universidades públicas por parte de figuras de alto perfil político contribuyen a erosionar aún más la percepción social de estas instituciones, las cuales constituyen la principal infraestructura científica del país; de esta forma, se debilita su legitimidad frente a la ciudadanía y se dificultan los esfuerzos por atraer inversión extranjera directa orientada a I+D. El resultado es un aumento de la diáspora científica: la mezcla de baja inversión, trabas institucionales y falta de oportunidades impulsa a investigadores y profesionales altamente capacitados a desarrollarse en el exterior, profundizando el atraso nacional en I+D.
Finalmente, en el plan de gobierno de la mandataria electa, Laura Fernández, se aspira a posicionar a Costa Rica como “un país líder en innovación”, pero el entorno actual –institucional, normativo, presupuestario y cultural– muestra grandes retos que deben atenderse para que nos encaminemos hacia una economía de alto valor agregado, sustentada en un ecosistema científico sólido, diversificado y resiliente.
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Miguel Rojas Chaves es director de la Escuela de Biología del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
