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Hace algunas semanas, el economista Richard D. Wolff, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts Amherst, lanzó una advertencia en una exposición sobre economías abiertas: cuando la modernización avanza más rápido que el Estado, el resultado no siempre es desarrollo; puede ser pérdida de control. La reflexión no era abstracta, dado que expone el ejemplo concreto de nuestro país.
Como lo especifica el doctor Wolff, durante décadas, el país proyectó algo más que una marca turística exitosa: una democracia sin ejército, con inversión social sostenida y con instituciones capaces de equilibrar apertura económica y regulación pública. Su excepcionalidad no fue la ausencia de tensiones, sino la fortaleza del Estado para gestionarlas.
Hoy ese equilibrio muestra señales de desgaste.
El informe The Cost of Violence in Costa Rica 2023, del Centro de Investigación en Crimen Organizado de la Universidad de Nueva York, documenta que el país alcanzó en 2023 uno de los niveles más altos de homicidios de su historia reciente, en un contexto vinculado a la expansión del crimen organizado transnacional. No es una impresión subjetiva: son datos.
En paralelo, Costa Rica transformó su infraestructura portuaria en el Caribe. En 2011, el Estado otorgó a APM Terminals –subsidiaria de Maersk– una concesión por 33 años para diseñar, financiar y operar la Terminal de Contenedores de Moín. El proyecto, cercano a los $1.000 millones, empezó operaciones en 2019. La decisión tenía lógica: el comercio exterior ha crecido de forma sostenida en la última década y exigía infraestructura moderna.
El país necesitaba un puerto competitivo. Lo que no se discutió con la misma intensidad fue si las capacidades estatales para supervisarlo crecían al mismo ritmo.
Comunicados recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han advertido sobre la utilización de rutas logísticas centroamericanas –incluido territorio costarricense– por redes de narcotráfico que envían cargamentos hacia Europa y Norteamérica. Esto no significa responsabilidad directa del concesionario. Pero confirma una regla básica: donde los flujos comerciales se aceleran, también se sofisticarán los flujos ilícitos.
Una terminal privada tiene un mandato claro: eficiencia y competitividad. No fue concebida para anticipar redes criminales que operan globalmente. Esa responsabilidad corresponde al Estado: aduanas sólidas, inteligencia financiera eficaz, coordinación interinstitucional real y supervisión tecnológica avanzada.
Cuando la infraestructura crece más rápido que esas capacidades, la brecha no es visible de inmediato. Pero existe.
Costa Rica, además, ha atravesado un proceso sostenido de consolidación fiscal. La aplicación estricta de la regla fiscal y la contención del gasto público buscan estabilidad macroeconómica, un objetivo legítimo. Sin embargo, cuando la disciplina presupuestaria no distingue entre gasto improductivo e inversión estratégica en capacidades críticas, el ajuste puede terminar debilitando funciones esenciales.
La provincia de Limón, donde opera la terminal, arrastra brechas sociales históricas y ha registrado tasas de violencia alarmantes. Afirmar una relación directa y automática entre puerto y homicidios sería irresponsable. Pero ignorar la coincidencia entre comercio intensivo, desigualdad territorial y disputa criminal también lo sería.
Mientras tanto, el debate público se concentra en respuestas visibles: más policías, más cárceles, más endurecimiento penal. Son medidas comprensibles ante la preocupación ciudadana. Pero actúan sobre las consecuencias, no sobre la arquitectura institucional que hace posible que esas consecuencias emerjan.
La cuestión de fondo es menos cómoda: ¿está creciendo la capacidad técnica del Estado al mismo ritmo que la complejidad de su inserción global?
En el siglo XXI, la soberanía depende de la capacidad de supervisar flujos comerciales, rastrear capitales, anticipar infiltraciones criminales y ejercer autoridad técnica sobre infraestructuras estratégicas. Sin esa capacidad, la apertura económica deja de ser ventaja competitiva y se convierte en exposición estructural.
Costa Rica decidió hace décadas integrarse plenamente a la economía global. Esa apuesta generó crecimiento y oportunidades. Pero toda apertura exige contrapesos institucionales equivalentes.
Si la eficiencia logística avanza mientras el Estado reduce o congela capacidades estratégicas, el problema no es ideológico. Es práctico.
Cuando un país apuesta a la eficiencia sin invertir en control, no está reduciendo riesgos: está administrando su propia vulnerabilidad.
En la actualidad, la soberanía se pierde cuando los flujos económicos superan la capacidad del Estado para gobernarlos.
Y ese tipo de pérdida –silenciosa, técnica, progresiva– es la más peligrosa de todas: la que ocurre sin declaración de crisis, pero deja al país cada vez con menos control sobre su propio destino.
Jaime E. García González es profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED. Es miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
