EscucharEl 23 de diciembre, dos órganos de las Naciones Unidas aprobaron sendas resoluciones históricas.
Una generó gran interés e impacto: con el aval (vía abstención) de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad condenó por primera vez los asentamientos israelíes en territorios palestinos.
Otra apenas logró filtrarse en algunos recuentos informativos: la Asamblea General dispuso, también por primera vez, convocar una conferencia para negociar un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.
La importancia del primer acuerdo es concreta. Por referirse a un conflicto con agudos matices geopolíticos, que ha generado cuatro guerras, dos intifadas y actos de violencia sin fin, sus ondas expansivas comenzaron a sentirse de inmediato, en Israel, Estados Unidos, el mundo árabe, Irán y, por supuesto, Palestina.
La apertura de un proceso de negociación sobre algo tan aterrador como el armamento nuclear, en cambio, luce inalcanzable; quizá apenas un reflejo de buenas intenciones que, para adquirir cuerpo, deberá superar interminables escollos.
A pesar de esas características, la decisión de la Asamblea General es realmente histórica y posee enorme potencial. Podemos verla como parte de un proceso que, al cabo del tiempo, podría modificar situaciones que parecen inmutables.
Recordemos que a principios del siglo XX sonaba iluso impulsar los derechos humanos como valores universales, pero luego fue posible crear un robusto andamiaje jurídico internacional que los sustenta, aunque no garantice su respeto. Aspirar hoy a un mundo libre de la amenaza atómica puede parecer aún más etéreo; concretarlo, casi imposible. Pero el éxito obtenido el 23 de diciembre, al aprobarse la resolución con 113 votos a favor, 35 en contra y 13 abstenciones, revela que la posibilidad de avance existe.
En la mayor parte del proceso que condujo a esta votación, Costa Rica ha ejercido un ejemplar liderazgo, poco conocido dentro del país, pero innovador, eficaz y respetado en el ámbito multilateral. Existen señales de que se ha debilitado, pero aún es posible (y necesario) reactivarlo, no solo por razones éticas, sino también prácticas.
La trayectoria. La aspiración de eliminar las armas fue casi simultánea a su nacimiento. En la primera resolución de su historia, adoptada el 24 de enero de 1946, apenas cuatro meses después de que Estados Unidos lanzara sus bombas en Hiroshima y Nagasaki, las Naciones Unidas llamó a su “completa eliminación” y estableció una comisión para lidiar con el “problema” de su descubrimiento. Todos sabemos lo que pasó después: nada para eliminarlas y pasos importantes, aunque lentos, para controlarlas.
En 1970 entró en vigencia el Tratado de No Proliferación Nuclear, la pieza clave del andamiaje contra su propagación. Entre otras cosas, sus signatarios se comprometieron a desarrollar negociaciones “de buena fe” sobre medidas para alcanzar el desarme nuclear, pero sin resultados.
También en 1970 entró en vigor el Tratado para la Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares, que los vedó en el espacio exterior y bajo el agua.
En 1996 fue aprobado un instrumento más vigoroso: el Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Todavía no está vigente, porque China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Israel y Pakistán no lo han ratificado. Sin embargo, con excepción del coreano, todos los demás gobiernos respetan sus normas.
En otro paso relevante, el 15 de diciembre de 1994 la Asamblea solicitó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) opinara si su amenaza o uso era permitido por el derecho internacional. La respuesta, emitida el 8 de julio de 1996, fue evasiva, pero la CIJ dispuso, por unanimidad, que “existe una obligación legal de emprender y llevar a término negociaciones de buena fe que conduzcan al desarme nuclear en todos sus aspectos”.
Cinco meses después, otra resolución de la Asamblea llamó a sus miembros a iniciar “de inmediato” negociaciones sobre una posible convención. No puso fechas ni estableció el procedimiento, pero sí amplió el camino para impulsar un tratado con ese objetivo. Desde su arranque, Costa Rica se destacó por su liderazgo y visión.
El impulso. La idea de impulsar un tratado en la materia surgió de fuentes múltiples, la mayoría no gubernamentales, pero fue nuestro país el que introdujo en los complejos engranajes de las Naciones Unidas el primer borrador de “Convención Modelo sobre Armas Nucleares”. El 17 de noviembre de 1997, en una nota firmada por nuestro embajador alterno ante la ONU, Melvin Sáenz Biolley, solicitamos al secretario general circularlo como documento oficial entre los Estados miembros, por considerarlo “un instrumento efectivo y útil” para impulsar las negociaciones dispuestas por la Asamblea en su resolución del año previo.
El 18 de enero del 2008, Costa Rica y Malasia lograron que un texto actualizado de la propuesta circulara nuevamente entre los miembros de la ONU. El 24 de octubre de ese mismo año, durante un célebre discurso ante el EastWest Institute, el secretario general, Ban Ki-Moon, presentó sus “cinco puntos” para avanzar hacia el desarme nuclear. Entre ellos planteó la posibilidad de negociar una convención y calificó el texto circulado por Costa Rica y Malasia como “un buen punto de partida”.
El 3 de diciembre del 2012 la Asamblea estableció un grupo de trabajo abierto a todos los países para elaborar propuestas destinadas a impulsar “negociaciones multilaterales de desarme nuclear”. En reconocimiento al liderazgo nacional y a sus cualidades personales, Manuel Dengo, nuestro representante ante los organismos de la ONU en Ginebra, fue nombrado presidente. Su labor resultó ejemplar.
El grupo permitió que los países sin armas nucleares se convirtieran en interlocutores legítimos de las discusiones sobre estas, e introdujo en su dinámica los componentes humanitarios. De este modo, el tema fue liberado para siempre de las doctrinas de seguridad, donde había permanecido virtualmente secuestrado por varias décadas.
El 26 de setiembre del 2013, la Asamblea General celebró la primera reunión de alto nivel en su historia sobre desarme nuclear. La presidenta Laura Chinchilla estuvo entre sus oradores principales: un nuevo reconocimiento al papel clave de Cosa Rica en el proceso.
En marzo de ese mismo año se celebró en Noruega la primera Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, a la que siguieron, en el 2014, dos más: una en México y otra en Austria.
La recta final. En el 2016 se estableció otro “grupo de trabajo abierto” sobre desarme nuclear. Por iniciativa de nueve países, recomendó a la Asamblea General convocar en el 2017 una conferencia que negociara “un instrumento legalmente vinculante para prohibir las armas nucleares”. Esta vez el país no estuvo entre los nueve líderes; los protagonistas latinoamericanos fueron Argentina, Brasil y México.
Como paso siguiente, Austria, Brasil, Irlanda, México, Nigeria y Sudáfrica introdujeron una propuesta en la Asamblea General pidiendo la convocatoria de la conferencia. Su texto fue la base de la resolución aprobada el 23 de diciembre. Costa Rica, junto a poco más de 50 países, copatrocinó el texto.
La resolución dispone que la conferencia se dividirá en dos sesiones: una entre el 27 y el 31 de marzo; otra del 15 de junio al 7 de julio.
Lo único que se puede decir con certeza sobre su desarrollo es que será difícil y conflictivo.
Aunque las armas nucleares solo han existido por siete décadas, y solo se han usado en Hiroshima y Nagasaki, su peso es determinante en las políticas de seguridad de sus poseedores. El “balance de terror” que han producido es considerado por muchos teóricos, estrategas y decisores como clave para la estabilidad internacional. Los intereses generados por su industria y por las burocracias militares vinculadas a ellas poseen enorme poder. Por algo las dos mayores potencias nucleares –Estados Unidos y Rusia– votaron contra la reciente iniciativa, al igual que Francia, Israel y el Reino Unido. China, India y Pakistán se abstuvieron.
El avance. Es casi seguro que algunos países boicotearán la conferencia. Será muy difícil alcanzar consenso en ella, y abundarán los escollos para lograr mayorías contundentes alrededor de un contenido vigoroso y a la vez realista. Y aunque el tratado llegue a aprobarse, de poco valdrá si los países nucleares no lo ratifican.
¿Quiere esto decir que estamos ante un esfuerzo sin sentido? De ninguna manera. Incluso si la conferencia no produjera resultados sustantivos y contundentes, al menos construirá bases mucho más sólidas y legítimas para seguir impulsando la abolición de las armas nucleares.
Eliminarlas ha sido una profunda y larga aspiración de Costa Rica. Se asienta, sobre todo, en el apego nacional a la paz; por esto, nuestro liderazgo de tantos años sobre el tema responde a un imperativo ético. Pero también lo impulsa una razón práctica: junto a otras importantes iniciativas de política exterior, nuestra lucha sistemática, razonada y eficaz de las armas nucleares ha nutrido el “poder blando” ( soft power ) nacional, ese que no surge de los recursos materiales, sino de símbolos, ejemplos, valores y buena diplomacia.
De aquí que reactivar y potenciar nuestro liderazgo sobre su prohibición debe ser parte de una estrategia bien articulada, que fortalezca nuestra capacidad de reconocimiento e influencia internacional. La conferencia que viene nos dará una oportunidad de retomar la iniciativa. Debemos aprovecharla.
