La apertura de la industria de las telecomunicaciones en Costa Rica es una realidad gracias al avance tecnológico, particularmente la convergencia, no a la legislación. Sin embargo, una decisión que por mucho tiempo se postergó es ahora una realidad jurídica, consistente, además, con los principios sobre comercio de servicios de la Organización Mundial del Comercio, aún por ratificar por parte del país en el sector telecomunicaciones.
La apertura de cualquier industria debe ir siempre en beneficio del consumidor, particularmente en telecomunicaciones, entre otras cosas porque el acceso desigual a la tecnología agiganta las desigualdades socioeconómicas y demográficas. Costa Rica no es la excepción
Puntos de consenso. A partir de un análisis de la legislación de telecomunicaciones de muchos de los países adscritos a la Unión Europea (Comisión Europea), los EE. UU. (Federal Communications Commission), América Latina, Asia y África, es posible encontrar puntos de consenso sobre la regulación de la industria.
Etiopía, por ejemplo, es el único país del mundo donde no existe regulación del sector (hay caos). Así, los operadores de telecomunicaciones no pagan por el espectro (al igual que en Costa Rica). Esto ha llamado la atención de varias agencias reguladoras porque ha dado como resultado unos bajos precios del minuto de la telefonía móvil en ese país respecto al resto de ese continente.
Sin embargo, no se toma en consideración que el costo promedio de minuto celular en esa zona es de ¢1.500 el minuto, según la base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) del 2007.
Por ello, responsablemente, las autoridades reguladoras de telecomunicaciones han tomado decisiones trascendentales respecto a la industria, que conviene repasar y son el resultado de la práctica, día a día, de incentivar la competencia a través de la regulación.
Retos reguladores. Primero. La regulación debe estar diseñada para afrontar los retos de la convergencia en telecomunicaciones. Es decir, que por un mismo cable, o inalámbricamente (en el caso de WiMAX, tecnología pre-4G), se puedan canalizar voz, datos y video, por ejemplo.
Segundo. La necesidad de que las redes, de cables o inalámbricas, se puedan comunicar entre ellas es una pieza clave para mejorar la competencia del sector en beneficio del consumidor. Es decir, la interconexión y acceso entre las diferentes redes públicas de telecomunicaciones es uno de los principales retos regulatorios. Las experiencias abundan.
Tercero. La definición de infraestructura esencial es un tópico donde existe consenso internacional. En este campo, las autoridades reguladoras del sector en los EE. UU. son pioneras hace casi 30 años. En el país, el Grupo ICE, las empresas municipales, las cooperativas eléctricas y las cableras poseen infraestructura esencial.
Cuarto. La definición de mercados relevantes es un insumo vital en el engranaje regulador. Por ejemplo, en Costa Rica los mercados relevantes serían: telefonía fija convencional, telefonía móvil, servicios de Internet de banda ancha, mercado mayorista y/o minorista de interconexión, entre otros. En Europa existen, según la última directiva de la Comisión Europea al respecto, 12 mercados relevantes. Antes eran 18.
Quinto. La facultad del ente regulador de definir si ciertos operadores gozan de poder sustancial de mercado es vital. Las autoridades reguladoras en EE. UU., Europa y Asia tienen mecanismos para garantizar que la competencia en la industria se oriente en beneficio del consumidor.
Sexto. Para asegurar el acceso de todos los habitantes de un país a las telecomunicaciones, evitando así que se conviertan en levadura de la desigualdad, se han diseñado y ejecutado políticas de servicio y acceso universal a las telecomunicaciones, con independencia de la geografía y nivel socioeconómico.
Finalmente, en economía de las telecomunicaciones no existe el concepto de supervisión prudencial; esta, usualmente, se aplica a los mercados financieros (pensiones, seguros, valores, etc.).