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Cómo ayudar a los estudiantes víctimas de la crisis educativa

La futura administración está en la obligación legal y moral de decretar clases presenciales en escuelas y colegios

El Banco Mundial alertó hace un par de semanas de que si en los países de ingresos bajos y medianos las clases presenciales no se reanudan en el próximo curso lectivo la proporción de niños y niñas en pobreza aumentará de un 53%, antes de la pandemia, a un 70%.

El que numerosos estudiantes no regresen a las aulas tendrá consecuencias devastadoras en los ingresos y el bienestar de esta generación, lo que obliga a unir esfuerzos para alcanzar un gran acuerdo nacional en favor de la educación.

Durante la pandemia, el MEP, el Micitt, la Asamblea Legislativa y órganos técnicos como Fonatel fuimos incapaces de atenuar el impacto de la pandemia porque no se otorgó un bono de conectividad temporal a los 500.000 estudiantes que aún no tienen Internet en los hogares.

El Estado de la Educación hizo un llamado en el 2020 a mitigar el efecto de la suspensión de lecciones presenciales mediante el apoyo a las familias de escasos recursos, pero fue y sigue siendo imposible debido a la burocracia estatal.

Por estos errores, la futura administración está en la obligación legal y moral de decretar clases presenciales en escuelas y colegios, y ejecutar un plan de recuperación para revertir la pérdida de aprendizaje acaecida durante estos meses.

Para lograrlo, es preciso un diagnóstico a fin de que los educadores determinen el nivel de conocimiento de los estudiantes, incluso ampliar la cantidad de horas lectivas e incluir los sábados.

La estructura del MEP es burocrática y requiere una revisión. La composición de 3 viceministerios, 15 direcciones centrales, 27 direcciones regionales, 45 departamentos y otros tantos órganos desconcentrados ocasionan disfuncionalidad en el sistema.

Directores y docentes alimentan de información esas dependencias, lo que se traduce en desgaste y disminución sustantiva del desarrollo asertivo de los programas de estudio.

Las direcciones de los centros educativos en lugar de invertir el tiempo en la administración del currículo, y los docentes en impartir sus lecciones, dedican un porcentaje enorme a la entrega de papeles e informes del tamaño de una catedral; este esquema de funcionamiento dificulta el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

La vida es digital. El MEP debe modificar su estructura para imprimir eficiencia y adoptar sistemas en línea para que el Ministerio sea digital.

Los centros educativos deben estar conectados a los servidores de las oficinas centrales. Educadores, estudiantes y padres de familia deben poder acceder a la información en portales educativos que coadyuven al reforzamiento de los contenidos; además, es urgente que los trámites y gestiones de los maestros y profesores se canalicen de forma electrónica para favorecer la eficiencia y la transparencia.

Los estudiantes no saldrán adelante sin la participación, motivación y compromiso de los educadores; sobre los hombros de maestros y profesores recaen los principales desafíos para garantizar que esta generación desarrolle las competencias que demanda la era del conocimiento.

El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez —órgano desconcentrado del MEP— tiene la obligación de capacitar a los educadores, pero de este se conoce muy poco en cuanto a resultados. Sus jerarcas deberían involucrarse más en el diseño de planes de capacitación y actualización para que a corto plazo los educadores se entrenen en línea o de forma presencial sobre tendencias y métodos de aprendizaje exitosos en países miembros de la OCDE, es decir, una nueva mentalidad y una actitud para beneficiar la enseñanza de sus alumnos.

Si nuestros docentes renuevan sus conocimientos y adquieren nuevas habilidades pedagógicas, podríamos mejorar la educación.

Para el éxito futuro es preciso invertir en calidad. Si bien la Constitución establece el 8% del PIB, la crisis fiscal ha golpeado la inversión en este rubro. Para el curso lectivo 2022, la disminución será de alrededor de ¢3.000 millones.

No obstante el panorama tan desolador, el MEP tendrá un presupuesto de ¢2,5 billones, es decir, es la institución con mayor transferencia de fondos (un 22,44%) por lo que tiene la obligación de optimizar el uso de estos.

El futuro de la sociedad está en manos de escuelas, colegios y educadores. Los candidatos y las candidatas a la presidencia o diputaciones deben dar prioridad al tratamiento de la crisis educativa y colocarla como uno de los principales ejes de la recuperación económica y la reducción de las desigualdades territoriales.

Para seguir avanzando hacia la igualdad de oportunidades, debe actualizarse el marco jurídico, echar a andar iniciativas que son ley, como la educación dual, y dirigir recursos nuevos a la educación cuando comience la recuperación económica y alcancemos el equilibrio fiscal.

El autor es diputado.