Centroamérica: el poder público contra la palabra

Las causas de esta situación son varias, pero el 3° Informe de Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica señala una que es inaceptable: el protagonismo activo de quienes ejercen cargos de poder público en los países del Istmo.

Este informe, publicado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR, con apoyo de la Fundación Heinrich Böll, de Alemania, evidencia cómo los actores con responsabilidades institucionales han tenido y tienen un papel protagónico en este deterioro de los derechos comunicativos. Deliberadamente, estas personas han impulsado estrategias para desacreditar, amenazar y perseguir a la prensa, a activistas de derechos humanos, a voces opositoras, a académicos, y a otros sectores críticos de sus actuaciones.

Se trata de una situación desconcertante, en la que quienes están a cargo de garantizar un ejercicio seguro de la comunicación son sus principales agresores, y en donde el poder público se ha convertido en un enemigo de la palabra.

Las tácticas presentan matices, pero en todos los países se observa un rol central de las autoridades. En El Salvador de Nayib Bukele, se ha utilizado el software Pegasus para espiar a quienes han revelado los acuerdos del gobierno con las pandillas. En Costa Rica, el presidente Chaves no solo lanza insultos semanales contra periodistas, sino que emplea la pauta estatal para castigar a medios críticos con su administración. En Guatemala, la fiscala general, Consuelo Porras, fabrica casos judiciales contra quienes exponen detalles del “pacto de corruptos” que aún persiste en ese país. Y en Nicaragua, la despiadada dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acosa, persigue, encarcela, exilia o desnacionaliza a toda persona que consideren como una amenaza para sus aspiraciones totalitarias y dinásticas de poder.

Todo esto ocurre en medio de paisajes comunicacionales saturados de odio y de mentira, altamente inseguros y marcados por estructuras económicas y de la propiedad concentradas, opacas y desreguladas, tanto en el ecosistema tradicional como en el digital. Es un escenario propicio para que quienes intentan erosionar el pluralismo comunicacional y el periodismo crítico actúen con total impunidad.

Lamentablemente, estas actitudes no se han limitado a las autoridades. En la región se ha producido un “efecto cascada” entre los simpatizantes de estos liderazgos, que imitan sus ataques y replican sus insultos y actitudes bajo la lógica de que, si un presidente o un congresista puede hacerlo, nada les impide a ellos y ellas hacer lo mismo. Esto ha generado una legitimación social y pública de la violencia, un aumento de la autocensura y una erosión del derecho a la comunicación en general.

De igual manera, ha alterado los consensos sociales y los sentidos comunes, convirtiendo en aceptables ideas que antes se consideraban tabú. Por ejemplo, numerosas autoridades, y ahora sus seguidores, defienden tesis que sostienen que la ciencia y el empirismo son meros relatos de ficción o corporativos, que todos los periodistas se limitan a difundir mentiras, o que utilizar discursos xenófobos, misóginos, transfóbicos o racistas es algo legítimo y normal en democracia.

Las libertades de expresión y de prensa son pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Por eso, ante su evidente deterioro, es urgente que tanto la ciudadanía como las autoridades que aún respaldan estos derechos actúen de inmediato. La urgencia de una respuesta colectiva a esta amenaza regional es clara, pues de ella depende no solo la vigencia de nuestras libertades y comunicación, sino también la supervivencia misma de nuestras ya de por sí frágiles democracias centroamericanas. Callar, en este contexto, no es una opción. Quedarse sin hacer nada, tampoco.

oscar.jimenezalvarado@ucr.ac.cr

Óscar Mario Jiménez Alvarado es docente e investigador de la UCR.