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La reciente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de suspender la resolución de Sugeval que ordena al Banco de Costa Rica (BCR) revertir la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) representa mucho más que un simple litigio bancario. Son decisiones que ponen en riesgo los ahorros de 1.500 inversionistas directos y amenazan la estabilidad y seguridad del sistema financiero nacional.
Los principales afectados son adultos mayores, jubilados y fondos de pensiones como Jupema, BN Vital y Popular Pensiones, los cuales confiaron sus ahorros al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) administrado por BCR-SAFI.
Desde la adquisición del PEP en 2020 por $70 millones, este fondo ha acumulado pérdidas millonarias, que tienen el fondo a las puertas de una quiebra, lo cual significaría liquidaciones forzadas de activos a precios de remate, pulverizando aún más los ahorros de vida de personas que depositaron su confianza en un banco estatal, creyendo en su solidez, imagen y responsabilidad subsidiaria.
La judicialización emprendida por BCR contra la resolución de Sugeval, ratificada por Conassif, plantea serias interrogantes. Tanto Sugeval como la auditoría interna del propio BCR, en el informe AUD-SAFI-030-2023, documentó evidencias irrefutables de negligencia y actuaciones contrarias a la normativa que rige la materia. Ante tal contundencia probatoria, ¿qué busca realmente el BCR con esta dilación?
Como no es evidente un beneficio para el BCR, más que irresponsablemente quitarse el tiro, en la calle se especula que la motivación podría estar ligada a proteger los resultados financieros de corto plazo del banco, posiblemente vinculados a bonificaciones directivas y gerenciales. Si esto fuera cierto, representaría una traición imperdonable al mandato público del BCR: priorizar tales incentivos sobre el bienestar de miles de familias costarricenses.
La estrategia del BCR envía una señal alarmante a todos los inversionistas del país: las entidades financieras pueden evadir responsabilidades mediante litigios interminables, mientras los ahorrantes sufren las consecuencias por tiempo indefinido. Esto genera desconfianza en el sistema de valores, con el riesgo latente de retiros masivos que podrían desestabilizar el mercado.
Además, la judicialización socava la autoridad de Sugeval y Conassif, nuestros guardianes técnicos del sistema financiero. Si las entidades supervisadas pueden simplemente llevar a tribunales las resoluciones regulatorias, ¿qué poder real y técnico tienen estos entes para proteger a los inversionistas? Como señaló el superintendente Tomás Soley, “es imposible echarle el muerto a Sugeval” cuando la evidencia de negligencia es clara.
Paradójicamente, la estrategia del BCR podría resultar contraproducente. Si el Tribunal falla en su contra –probabilidad muy alta dada la solidez de las pruebas–, el BCR no solo deberá cumplir con la orden original, sino enfrentar costos adicionales por intereses acumulados y posibles demandas por daños y perjuicios, que posiblemente ya preparan los inversionistas afectados. Estos costos podrían escalar a cientos de millones de dólares, y comprometerían seriamente la posición financiera del banco.
El daño reputacional es igualmente grave. Un banco estatal que evade órdenes regulatorias para proteger a inversionistas vulnerables pierde toda credibilidad moral y comercial. La fuga de clientes podría ser masiva e irreversible.
Como ciudadanos, no podemos permanecer indiferentes ante esta situación. Los bancos estatales fueron creados para servir al interés público. Es urgente que:
- El Tribunal Contencioso agilice la resolución de este caso, considerando el impacto humano de cada día de dilación.
- Los medios de comunicación mantengan este tema en la agenda pública, dándoles voz a los inversionistas afectados.
- La sociedad civil exija transparencia total sobre los costos reales de esta crisis y quiénes serán los responsables de asumirlos.
El caso del PEP es una prueba de fuego para nuestras instituciones democráticas y su compromiso con la protección de los más vulnerables. Si permitimos que un banco estatal eluda sus responsabilidades mediante artimañas legales, dilatorias e irresponsables, estaremos sentando un precedente peligroso que erosiona la confianza en todo el sistema financiero nacional. Es hora de priorizar la justicia y la protección al inversionista sobre las dilaciones burocráticas.
lgelizondo@gmail.com
Luis Guillermo Elizondo Ugalde es un inversionista afectado.
