Cada 14 de setiembre, Cartago vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política nacional. La llegada de la Antorcha de la Independencia y el tradicional Consejo de Gobierno hacen que ministros, diputados, autoridades locales y representantes de distintas instituciones vuelvan su mirada hacia la provincia.
Este 2026, sin embargo, existe una circunstancia particular: será el primer Consejo de Gobierno en la provincia de la administración de Laura Fernández Delgado, con un elemento que no es menor. Si bien la presidenta es puntarenense de nacimiento, Cartago la adoptó.
Esta es la provincia donde vive, donde transita por nuestras carreteras y donde experimenta problemas que conocemos quienes habitamos aquí. Esa cercanía genera una expectativa legítima: pocas veces Cartago ha tenido a una persona al frente del Poder Ejecutivo que conozca su realidad cotidiana.
No pretendo responsabilizar a una administración que apenas comenzó el pasado 8 de mayo de problemas que Cartago arrastra desde hace años e incluso décadas. Sería injusto hacerlo. Las responsabilidades están repartidas entre diferentes gobiernos, instituciones, diputados y autoridades locales.
Sin embargo, tampoco podemos ignorar que durante los últimos años se profundizó entre muchos cartagineses una sensación de abandono frente a proyectos que no avanzaron, promesas que volvieron a posponerse y problemas que crecieron mientras las soluciones seguían pendientes.
Cartago ha sido burlada por promesas que no se materializaron e ignorada cuando sus necesidades quedaron relegadas frente a otras prioridades nacionales. Pero nunca ha sido vencida, porque mientras las respuestas tardaban, la provincia siguió creciendo, produciendo, generando empleo y transformándose.
Precisamente por eso, este primer Consejo de Gobierno en Cartago de la administración Fernández Delgado representa una oportunidad para comenzar una relación diferente entre el Poder Ejecutivo y la provincia.
Nadie puede esperar que en cuatro meses se solucionen tantos problemas acumulados. Lo que sí podemos esperar es conocer cuál será la ruta para atenderlos durante los próximos cuatro años.
Cartago ya no puede analizarse únicamente desde su enorme importancia histórica ni desde aquella imagen de una provincia predominantemente agrícola. La agricultura continúa siendo fundamental y zonas como Tierra Blanca, Llano Grande y otros territorios siguen aportando una parte importante de las hortalizas que consume Costa Rica. Al mismo tiempo, nuestros productores incorporan tecnología, agricultura de precisión y nuevas formas de producción.
La provincia genera empleo, atrae inversión, alberga importantes empresas, universidades y centros de conocimiento, y posee un enorme potencial turístico. Es decir, estamos hablando de una provincia que crece y que tiene mucho más que aportar al desarrollo nacional.
El problema es que ese crecimiento no siempre ha estado acompañado por infraestructura y servicios públicos capaces de responder a las nuevas necesidades de su población.
Basta con observar nuestras carreteras. El proyecto Taras-la Lima comenzó a construirse en 2020 y originalmente debía concluir en 2023. Más de cinco años después de iniciadas las obras, los cartagineses seguimos esperando su conclusión definitiva.
La situación de la carretera Florencio del Castillo continúa siendo otro de los grandes temas pendientes, al igual que distintas intervenciones necesarias para mejorar la movilidad dentro de la provincia y la conexión entre comunidades. También está la ruta nacional 230, estratégica para diferentes sectores y comunidades productivas.
Es justo reconocer que se han realizado intervenciones y que existen obras que representan avances. La crítica responsable también exige reconocer lo que sí se hace. Sin embargo, Cartago necesita conocer cuál será la estrategia integral para su infraestructura vial y dejar atrás la costumbre de atender problemas de manera fragmentada o cuando ya alcanzaron un punto crítico.
Quizá ninguna situación represente mejor nuestras largas esperas que el nuevo Hospital Max Peralta Jiménez. Los cartagineses llevamos más de dos décadas escuchando hablar de esta obra y ahora el año 2030 aparece nuevamente como horizonte para que el nuevo centro médico esté completamente operativo.
Que exista una fecha genera esperanza, pero también obliga a hacer preguntas. Cuatro años siguen siendo mucho tiempo para el hospital actual, que enfrenta limitaciones y debe continuar atendiendo las necesidades de una población creciente.
Necesitamos saber qué ocurrirá con el actual Max Peralta mientras llega ese momento, qué inversiones se realizarán para mantener su capacidad de atención y cuáles serán los mecanismos para impedir que aparezcan nuevos atrasos.
A este panorama se suma una preocupación que hace algunos años probablemente no habría ocupado un lugar tan destacado en un artículo sobre Cartago: la seguridad. Para finales de agosto, la provincia contabilizaba 51 homicidios, 13 más que durante el mismo periodo del año anterior.
Estamos ante una realidad especialmente preocupante para una provincia que durante muchos años fue considerada relativamente tranquila. La violencia comienza a modificar horarios comerciales, dinámicas comunitarias y la percepción de seguridad de quienes vivimos aquí.
La propia presidenta ha hablado públicamente sobre esta situación desde una perspectiva particular. Recientemente, relató que al menos dos noches por semana la despiertan balaceras provenientes de sectores cercanos a su residencia.
La respuesta a la inseguridad, por supuesto, no puede reducirse exclusivamente a aumentar la presencia policial. Necesitamos policía e investigación, pero también prevención social, recuperación de espacios públicos, oportunidades para las personas jóvenes, educación, deporte y empleo.
Todo esto demuestra que hablar de Cartago no significa hablar únicamente de problemas. Sería injusto presentarlo de esta manera, pues la provincia produce, genera empleo, atrae inversión, desarrolla industria y tecnología, forma profesionales, mantiene una actividad agrícola fundamental y posee condiciones extraordinarias para el turismo y el desarrollo.
La contradicción está precisamente ahí: Cartago avanza, pero muchas de las soluciones que necesita no avanzan a la misma velocidad.
Cartago necesita una respuesta clara y contundente sobre el hospital, sobre nuestras carreteras, sobre la seguridad, sobre el sector agrícola y sobre el papel que tendrá la provincia dentro de la estrategia de desarrollo del país.
Pero la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre Casa Presidencial. Los diputados electos por Cartago tienen también una obligación con esta provincia que debería estar por encima de las diferencias partidarias.
Necesitamos representantes capaces de ponerse de acuerdo cuando se trata de defender proyectos estratégicos para su desarrollo. Lo mismo corresponde a las autoridades municipales.
Presidenta, Cartago la adoptó. Ahora esperamos que, durante estos cuatro años, su gobierno también adopte como propias las necesidades de esta provincia y que, cuando llegue el momento de hacer cuentas, podamos finalmente decir que Cartago dejó de esperar y comenzó a recibir respuestas.
fabian.marrerosoto@gmail.com
Fabián Marrero Soto es comunicador social y académico.