Muchos se sorprendieron con la carta que el fiscal general, Carlo Díaz, envió a la presidenta electa, Laura Fernández, pero quienes hemos visto de cerca el trabajo del jefe del Ministerio Público sabemos que esa iniciativa responde más a un genuino interés por buscar el bien común que a “pedir cacao”, como he visto en redes sociales.
Esa “jugada” se parece más a la del pescador que, conociendo las aguas en que se mueve, lanza la red con la certeza de que –ojalá más temprano que tarde– recogerá los frutos deseados: lograr que, por fin, el Ejecutivo entienda que sin el Poder Judicial es imposible luchar contra un enemigo que cada vez se hace más fuerte.
El propio Díaz reconoce en la misiva que “durante el último año se logró contener la escalada de homicidios y, en el presente, se evidencian ya reducciones significativas en este indicador”. Dicho avance en la lucha contra la criminalidad se ha obtenido pese a –y no gracias a– el actual gobierno que, como se sabe, ha sido férreo opositor de la cabeza del ente acusador.
Acierta don Carlo en tomar la iniciativa, en tender los puentes volados durante el último cuatrienio. Su posición es la de un fiscal de carrera que conoce a qué sabe y a qué huele la delincuencia y, lo más grave, sus consecuencias.
Lleva razón el señor Díaz al decirle a la nueva mandataria que su ofrecimiento de colaboración va de la mano con el “Estado de derecho, la democracia y la paz social”. Es decir, sin abrir la puerta a hacer frente común al flagelo de la criminalidad organizada a cambio de favores políticos.
La administración Fernández tiene ahora la oportunidad de romper con la dinámica de confrontación que caracterizó al gobierno saliente y apostar por una relación institucional basada en el respeto mutuo.
Doña Laura: tiene usted la palabra. ¡Tic, tac!
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Christian Montero es periodista de ‘La Nación’.