EscucharEl reciente evento de presentación del Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2025 dejó en evidencia una preocupante tendencia a descalificar instituciones que no se pliegan a una determinada agenda política. En este caso, el presidente de la República tildó a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) de ser un ejemplo de “captura del regulador” solo porque esta se opuso a su decreto sobre medicamentos. Esta declaración no solo es falaz, sino que también refleja una preocupante incomprensión del papel de los organismos técnicos independientes en una democracia madura.
La esencia de Coprocom radica precisamente en su independencia técnica. Su misión, además de sancionar prácticas monopolísticas y ejercer control de concentraciones, es evaluar el impacto de diversas políticas y normativas sobre la competencia y la eficiencia del mercado, sin estar sujeta a presiones políticas de turno.
La madurez de una administración no se mide por su capacidad de imponer una visión única, sino por la entereza de aceptar criterios técnicos, aunque estos no coincidan con sus objetivos políticos inmediatos. Coprocom no actúa como un obstáculo, sino como una guía que advierte sobre riesgos y propone soluciones alternativas cuando una política pública puede resultar contraproducente.
Lo verdaderamente preocupante es la selectividad con la que se aceptan o rechazan los estudios de Coprocom. Cuando sus análisis justifican la apertura del mercado del arroz o la liberación de tarifas de colegios profesionales, se celebran; cuando alertan sobre los riesgos de ausencia de competencia en el mercado del azúcar o el transporte público, se descalifican. Esto evidencia una visión oportunista y cortoplacista que atenta contra la coherencia en la formulación de políticas públicas. No se puede escoger qué estudios son válidos según la conveniencia política del momento.
El legislador, consciente del peligro de que los gobiernos de turno quisieran instrumentalizar a Coprocom, estableció en la ley garantías de independencia técnica para blindarla de cualquier captura política o económica.
La auténtica captura del regulador no ocurre cuando un organismo técnico contradice al Ejecutivo, sino cuando este se pliega a intereses gubernamentales o de grupos de presión. Aquí es donde la Asamblea Legislativa tiene un rol fundamental: debe ser rigurosa y advertir cuando el Ejecutivo presente candidatos para integrar el órgano superior de Coprocom que arrastren agendas políticas encubiertas. Permitirlo sería facilitar la politización de una entidad que, por diseño legal, debe mantenerse imparcial y técnica.
A pesar de la falta de apoyo financiero del Ejecutivo, Coprocom ha logrado posicionar a Costa Rica ante el Comité de Competencia de la OCDE, cumpliendo con los estándares exigidos y siendo reconocida por su independencia y rigor técnico. Por ello, resulta irónico que, en un foro internacional precisamente de la OCDE, el presidente descalifique a Coprocom con afirmaciones infundadas, exponiendo al país en el proceso. Este acto evidencia un intento deliberado de desacreditar a una agencia que ha demostrado su eficacia, únicamente porque sus criterios técnicos no se alinean con los intereses del gobierno de turno.
Es fundamental que quede claro: Coprocom no responde a intereses particulares ni sectoriales. Su labor está definida en la ley: promover la competencia, la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores.
En el caso específico del decreto sobre medicamentos, la Comisión no se opuso arbitrariamente; emitió un criterio técnico basado en el análisis del modelo de regulación propuesto, el cual carece de sustento sólido y no es idóneo para los fines que persigue. Si el problema es la ineficiencia en el mercado, existen herramientas para corregirla sin recurrir a regulaciones de precios o márgenes que pueden generar distorsiones negativas y desincentivar la competencia.
La regulación económica no puede convertirse en un mecanismo para ganar simpatía política castigando selectivamente a ciertos sectores de la cadena productiva, sin atender el problema estructural de fondo. La solución requiere madurez, humildad y voluntad para reconocer que las políticas públicas deben diseñarse con rigor técnico y no con base en percepciones populistas o conveniencias coyunturales.
Si hay algo que debe preocuparnos como sociedad es la creciente hostilidad del Ejecutivo hacia los organismos técnicos e independientes. Descalificar sin fundamento a una entidad que ha sido clave para la inserción del país en la OCDE, y que ha trabajado en condiciones adversas para garantizar mercados más eficientes y competitivos, envía un mensaje preocupante sobre el compromiso gubernamental con la transparencia y el buen diseño de políticas públicas.
El país no puede darse el lujo de que sus instituciones técnicas sean debilitadas por intereses políticos efímeros. Coprocom no es un enemigo del desarrollo, sino una pieza esencial para garantizar mercados más eficientes, dinámicos y equitativos.
grojas@coprocom.go.cr
Guillermo Rojas Guzmán es comisionado propietario del Órgano Superior de Coprocom.
