EscucharFinalmente, la pequeña élite gobernante saca a flote su poderosa (e inconfesa) vocación autoritaria.
Atados por una cadena de telefonazos, candidatos presidenciales del PLN, ministros y diputados oficialistas urdieron un golpe a la institucionalidad furtivo y vergonzoso.
Costa Rica es víctima de la voracidad de un proyecto de negocios que pretende desdibujar la frontera entre lo público y lo privado, banalizar los sistemas de control e instalar un tipo de competitividad engañosa que requiere para su funcionamiento la concentración absoluta de los poderes del Estado.
La decisión de 38 diputadas y diputados –a instancias del Poder Ejecutivo– de no reelegir al magistrado Fernando Cruz Castro, es la manifestación más explícita de quienes ven en la división e independencia real de poderes y en el sistema de controles –sean ciudadanos, políticos, constitucionales o administrativos– “majaderías” que obstaculizan la dirección y el ritmo deseado por una élite que abdicó de su rol histórico de consolidar un proyecto nacional.
Con la pretensión de concentrar todas las decisiones en esta élite, el PLN pretende la autoinvestidura de hecho de todos los poderes de la República y proclamarse todopoderosa por encima del pueblo soberano. Esto constituye un golpe a la institucionalidad, furtivo y vergonzoso, que nos expone a desajustes institucionales y culturales de dificilísima reversión.
El PLN rompió desvergonzadamente la línea sagrada que separa la justicia del mundo de la política. Ese daño es casi irreparable y da cuenta de la renuencia liberacionista a aceptar la nueva circunstancia política, ante una ciudadanía más participativa y más dispuesta a hacerse escuchar.
Liberación Nacional se cansó de razonar democráticamente sus decisiones, de buscar soluciones apropiadas al bien común, de escuchar cuestionamientos a su gestión , y ha optado por la vía del matonismo, la torcedura de reglas y la cooptación de espacios.
La triple mordaza que hemos sufrido en las últimas semanas no es una casualidad. Reprimir la manifestación pacífica de la gente, prohibir el acceso a información de interés público y pasar por la guillotina a los altos funcionarios que le resultan incómodos, son tres expresiones del mismo mal.
La presidenta Chinchilla tiene que demostrar su obediencia a los preceptos mínimos de democracia liberal y destituir al ministro Carlos Ricardo Benavides Jiménez, quien fue el encargado de instrumentalizar a la Asamblea Legislativa para ultrajar al Poder Judicial.
Hoy es deber de todos los costarricense sumarse a esa tarea cívica. Si ustedes aman este país y tienen, como yo, la esperanza de hacer de él una patria sana, auténtica e independiente, este es el momento de demostrarlo.
