EscucharEl pasado tiene formas inesperadas de volver a nosotros. En abril anterior, un equipo internacional de arqueólogos marinos confirmó que dos barcos hundidos frente a Cahuita eran, en realidad, naves esclavistas danesas desaparecidas en 1710. Durante décadas se creyó que eran barcos piratas que se habían hundido a consecuencia de una batalla, hace 300 años, frente a nuestras costas. Hoy sabemos, gracias a una investigación liderada por el Museo Nacional de Dinamarca, que forman parte de una historia dolorosa: la llegada forzada de aproximadamente 600 africanos a nuestras costas, mucho antes de lo que la historia oficial había reconocido.
El hallazgo de los restos del Fridericus Quartus y el Christianus Quintus, que habrían terminado hundidos por un motín de su tripulación, nos invita a reflexionar como país sobre nuestra relación con el patrimonio cultural, en especial con el patrimonio subacuático.
Costa Rica, desde 2011, es Estado Parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, ratificada mediante la Ley 9500. Este tratado nos compromete a proteger, preservar y gestionar adecuadamente los vestigios sumergidos con valor cultural, histórico o arqueológico.
El derecho internacional establece que el patrimonio sumergido de más de 100 años debe preservarse in situ, evitando su explotación comercial. Los restos de barcos, objetos, restos humanos y su contexto arqueológico deben ser conservados con criterios científicos y éticos. La recuperación solo debe hacerse si existen razones de peso para proteger o estudiar dichos bienes, y siempre por profesionales capacitados.
El caso Cahuita representa una oportunidad y un desafío. Las notas de prensa internacional resaltan la participación de afrodescendientes e indígenas en la investigación, lo que ha permitido que este proceso sea también un ejercicio de memoria colectiva y reparación simbólica.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Costa Rica tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo integral de protección del patrimonio subacuático, impulsando iniciativas para documentar y registrar estos bienes, fomentar la formación de equipos multidisciplinarios y establecer protocolos claros de intervención. Un enfoque colaborativo entre ministerios, universidades, museos y comunidades locales, complementado con asistencia técnica internacional, podría fortalecer las capacidades nacionales en esta materia. Además, cualquier proyecto de investigación o turismo en zonas marítimas protegidas debe cumplir con los más altos estándares internacionales.
El hallazgo también interpela al derecho del arte. Los restos descubiertos son, en sí mismos, bienes culturales protegidos. Esto plantea interrogantes sobre su futura exhibición, su custodia y la titularidad cultural, especialmente en un contexto global donde se cuestiona la descolonización de los patrimonios culturales.
¿Pertenece este patrimonio a Dinamarca, a Costa Rica o a las comunidades afrodescendientes? Desde la perspectiva del derecho internacional, los restos hallados dentro del mar territorial de Costa Rica pertenecen al Estado costarricense, conforme a la Convención sobre el Derecho del Mar y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
Sin embargo, existe una dimensión ética y simbólica ineludible que conecta estos restos con las comunidades afrodescendientes locales, cuya historia se vio marcada por este trágico episodio. La cooperación científica internacional, como la que ha existido en este caso entre Dinamarca y Costa Rica, debe ser la vía para equilibrar los intereses históricos, culturales y jurídicos involucrados.
Costa Rica tiene la posibilidad de convertir este hallazgo en un modelo de buenas prácticas a nivel mundial, como un proyecto país que combine investigación, protección, turismo cultural sostenible y memoria histórica. Un antecedente internacional lo representa el exitoso manejo del naufragio del Mary Rose, en Inglaterra, convertido en ejemplo de preservación y educación pública. Costa Rica puede aspirar a una experiencia similar.
No podemos dejar de recordar el lamentable caso del Fella, el buque mercante italiano hundido frente a las costas de Puntarenas en 1941, en el contexto de la II Guerra Mundial, cuyos restos, visibles desde la playa –en especial en marea baja– fueron saqueados y desmantelados en 2012, ocasionándole un daño irreparable a nuestro patrimonio subacuático. Actualmente, poco o nada se explota o explora cultural o turísticamente este hecho en Puntarenas, donde una solitaria boya advierte al navegante del riesgo de pasar cerca, pero nada más.
El mar ha devuelto una página perdida de nuestra historia. Ahora nos corresponde, como sociedad, protegerla con responsabilidad.
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Mauricio París es abogado especialista en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones.
