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La visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a Costa Rica para colocar la primera piedra de una nueva cárcel –una ampliación menor del complejo de La Reforma– no puede entenderse como un acto técnico ni como cooperación penitenciaria neutral. Es, ante todo, un gesto político cargado de simbolismo. Como ocurre con los símbolos importados, dice menos sobre la obra anunciada y más sobre las carencias que se intenta disimular.
Bukele llega precedido por un expediente público que no admite simplificaciones: concentración del poder y debilitamiento de la institucionalidad democrática; uso prolongado del estado de excepción con denuncias de violaciones a los derechos humanos; hostigamiento a la prensa crítica; tensiones con gobiernos y organismos internacionales, y sospechas –negadas por él– de pactos con estructuras criminales. No son rumores ni exageraciones ideológicas, sino señalamientos documentados por organizaciones internacionales, tribunales y medios.
Que ese sea el invitado central para inaugurar una cárcel en Costa Rica no es un detalle protocolario. Es una decisión política del gobierno de Rodrigo Chaves en un momento especialmente sensible: la antesala de una elección presidencial marcada por el desgaste del oficialismo y por el pobre desempeño de su candidata, Laura Fernández, en el único debate en el que ha participado. En ese contexto, la visita de Bukele funciona como distracción y como intento de importar una narrativa de “mano dura” que el gobierno costarricense no ha logrado sostener con resultados propios.
La nueva cárcel se presenta como un hito en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero su escala real es modesta. No resuelve los problemas estructurales del sistema penitenciario ni aborda las causas profundas de la violencia. Su valor es esencialmente escénico: permite exhibir decisión donde ha habido improvisación y control donde los datos cuentan otra historia. Durante esta administración, Costa Rica ha superado los 3.000 homicidios, una cifra alarmante que refleja el deterioro de la seguridad y la ausencia de una estrategia integral frente al crimen organizado.
Invitar a Bukele permite al oficialismo ensayar un atajo comunicacional: asociarse, aunque sea por una fotografía, con un presidente que ha logrado reducir los homicidios en su país. Lo que se omite es el costo institucional y humano de ese resultado. El llamado “modelo Bukele” no es una receta técnica exportable, sino un conjunto de medidas excepcionales, muchas de ellas al límite –o más allá— del orden constitucional. Convertirlo en referencia sin discutir sus sombras es propaganda, no política pública.
La escena –Bukele, Chaves, una primera piedra y un discurso de orden– busca provocar una emoción simple: la sensación de que “por fin se está haciendo algo”. Pero la seguridad no se construye con símbolos importados ni con gestos de campaña. Se construye con política pública seria, sostenida y democrática.
Ronny De Greef Acevedo es economista y analista.
