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La justicia financiera en Costa Rica ha anotado una victoria decisiva. La reciente resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, al rechazar la medida cautelar solicitada por el Banco de Costa Rica (BCR), representa un triunfo fundamental para la integridad de nuestro mercado y, sobre todo, para los más de 1.500 inversionistas –entre ellos ahorrantes jubilados y grandes fondos de pensiones– que confiaron sus ahorros a la banca estatal.
Celebramos la resolución N.° 2025010842 como un hito que reivindica la transparencia. Con esta decisión, el Tribunal argumentó que acceder a la petición del BCR equivaldría a “ponerle freno a la administración (supervisores)”, un acto que socavaría la “transparencia, confiabilidad y disciplina” del mercado. Se levanta así la medida provisionalísima y, por ende, la suspensión que impedía al BCR cumplir con su obligación de aportar los $70 millones necesarios para sacar el PEP del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) y comenzar el saneamiento de este del tremendo daño que el BCR y su SAFI le han ocasionado.
Este fallo no es un hecho aislado; es la confirmación de que el andamiaje institucional del país funciona para proteger la legalidad y a los ciudadanos.
Una economía sana depende de órganos supervisores robustos y respetados. La decisión del Tribunal es un espaldarazo contundente a la labor de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
El fallo valida sus actuaciones no como un capricho, sino como medidas prudenciales indispensables para proteger a los inversionistas y los ahorrantes del FIIND, así como para garantizar la disciplina del mercado. Es crucial entender que la orden original de la Sugeval, contenida en la resolución SGV-R-179-2024, no fue una sanción. Fue una “medida de orden prudencial” que más tarde fue ratificada plenamente por el Conassif en su resolución CNS-1948/12.
El objetivo de esta medida era claro y necesario: actuar como un médico que prescribe un tratamiento inmediato para estabilizar a un paciente, deteniendo la hemorragia financiera para restituir el fondo a la situación previa a la irregular compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) y evitar un daño mayor e irreparable.
Para valorar la magnitud de este fallo, es indispensable recordar el origen del conflicto. La intervención regulatoria no surgió de la nada, sino de la evidencia más sólida posible: el propio informe de auditoría interna de BCR SAFI (AUD-SAFI-030-2023). Dicho informe documentó, sin lugar a dudas, una compra a todas luces irregular, una transacción que generó un grave perjuicio patrimonial.
La adquisición del PEP no solo violó las reglas del propio fondo, que prohíben comprar inmuebles sin terminar, sino que se pagó hasta tres veces más que su valor de mercado. Peor aún, la valoración original se basó en métricas absurdas, incluyendo activos inexistentes como “bodegas de frío o 40 hectáreas de predios con condiciones topográficas imaginarias”.
A esto se sumó el criterio vinculante de la Procuraduría General de la República, que estableció la responsabilidad ineludible de las entidades públicas sobre sus subsidiarias. El fallo del tribunal, por tanto, es el último y firme eslabón de una cadena de decisiones institucionales que, partiendo de la documentación interna del propio BCR, estaban destinadas a corregir el rumbo.
En un momento de incertidumbre, este episodio demuestra que la justicia y la institucionalidad han prevalecido. Pero su verdadero valor trasciende este caso. Suspender la orden de los supervisores, como pretendía el BCR, habría sentado un precedente nefasto que “minaría gravemente la confianza en el sistema financiero”, despojando a los entes reguladores de su autoridad para proteger a los ciudadanos.
El cumplimiento de la orden de Sugeval no solo devuelve la confianza, sino que otorga al FIIND el capital necesario para sanear sus finanzas y volver a ser un vehículo de inversión viable.
Costa Rica ha demostrado que su sistema de supervisión funciona, que sus instituciones tienen la capacidad para corregir graves desviaciones y, en última instancia, que el mercado de valores es un espacio donde se exige responsabilidad, sin importar el tamaño o la influencia de la entidad involucrada.
Este fallo judicial no es el final del camino, sino el verdadero punto de partida para la rendición de cuentas. Hacemos un llamado directo al Banco de Costa Rica para que cese lo que los propios coadyuvantes en el proceso judicial describieron como una “táctica dilatoria, temeraria, desprovista de seriedad” y acate, sin más demora, el mandato de la Sugeval.
Cumplir con esta orden es el único camino para reparar el daño causado a los inversionistas y ahorrantes del FIIND –quienes vieron cómo la compra de $70 millones se traducía en una minusvalía de $42 millones– y, de paso, reparar el daño hecho a la propia reputación de la banca estatal. Con este contundente respaldo judicial, los procesos legales para sentar las responsabilidades penales y civiles contra las personas involucradas en el daño que sufrió el fondo deben avanzar ahora con paso firme. La justicia, para ser efectiva, debe ser oportuna.
lgelizondo@gmail.com
Luis Guillermo Elizondo Ugalde es un inversionista afectado.
