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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero resolvió el pasado mes de junio los recursos de apelación presentados por el Banco de Costa Rica y BCR SAFI contra la resolución de la Sugeval de octubre de 2024, en relación con el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), proyecto por el cual se pagaron más de $70 millones en el año 2020 a pesar de que el proyecto no estaba construido en su totalidad, entre muchos otros elementos cuestionables.
En dicha resolución, la SGV-R-179-2024, en forma valiente, sensata y frontal, la Superintendencia de Valores le dijo a la SAFI del Banco de Costa Rica (para ponerlo en forma muy coloquial): “Señores de la SAFI: Ustedes no siguieron las reglas que sabían que tenían que seguir con la adquisición del PEP (como asegurarse de que las construcciones estuvieran terminadas al comprarse y pagarse el proyecto). Dado que los inversionistas han confiado en ustedes, en su buena administración y en su respeto a la normativa, pero ustedes no siguieron esas reglas ni administraron correctamente esos recursos que les confiaron (en violación de su obligación de asegurar la protección de sus inversionistas), deben hacerse responsables de sacar el PEP del Fondo de Inversión y retornar el dinero que le ha costado ese proyecto al Fondo desde el 2020, porque la ley es clara de que la SAFI es solidariamente responsable ante sus inversionistas cuando no sigue las reglas y normas establecidas”.
No obstante, la Sugeval no se quedó ahí. También dijo: “Y, por cierto, señores del BCR: ustedes son los propietarios del 100% de las acciones de esa SAFI y, como dueños, son responsables de velar por su buen funcionamiento, lo cual no hicieron en este caso. Como bien dice la Procuraduría, ustedes tienen que velar por la estabilidad y operación eficiente de sus subsidiarias, lo que implica que tienen que asumir subsidiariamente (o sea, si la SAFI no puede cubrirla) la responsabilidad económica de esa sociedad administradora”.
Ante esa resolución, la SAFI y el BCR apelaron esa orden ante el Conassif, que en el pasado mes de junio finalmente les respondió: “Señores de la SAFI y del BCR: La Sugeval no se ha excedido en sus funciones ni está ‘coadministrando’, ni sus órdenes son ‘desproporcionadas’ o irrazonables; por el contrario, está haciendo lo que le corresponde hacer para proteger el sistema financiero nacional y a los inversionistas que han confiado en ustedes. No tienen razón al oponerse a esa resolución ni al alegar que es nula; la Sugeval está actuando en protección de la propia SAFI y de los inversionistas que les confiaron su dinero para que fuera administrado con competencia e integridad”. En resumen, el Conassif rechazó las apelaciones y dijo que debe cumplirse la orden dada por la Sugeval.
Ahora, la Junta Directiva del BCR anuncia que se opondrá en los tribunales porque obedecer esta orden “implicaría el traslado de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado”… Un verdadero balde de agua fría para los y las inversionistas que confiamos en su momento en la solidez y seriedad de este banco estatal, que parece no haber optado por la valentía que demostraron la Sugeval y el Conassif, sino por las excusas y por el “tirar la bola” hacia adelante para que sean otros los que tengan que cumplir con la orden, aunque probablemente, para ese momento, la suma que tendrá que pagar el BCR será mucho mayor.
La realidad es muy distinta a lo que ahora pretende hacer ver el BCR: no estamos ante una decisión antojadiza y abusiva en la que los entes de control le dicen al banco que asuma responsabilidades “de otros”… Lo que le dicen a este conglomerado financiero es que asuma SUS responsabilidades, y que si no supo cuidar por medio de su SAFI (y conforme lo obligaban las normas vigentes) los fondos de cientos de personas, pequeñas empresas y operadoras de pensiones, entre otros, está en la obligación de corregir su error e indemnizar a ese “fondo privado” constituido por personas que confiaron en su buen nombre.
Son las consecuencias de operar un negocio sin apegarse a lo que dice la ley, y sea el BCR o sea quien sea, en esos casos hay que asumir las responsabilidades que corresponden y no manchar el nombre de una institución tan importante con evasivas y acciones legales para retardar la justicia que sus clientes merecen y demandan.
abogado@fernandomayorga.net
Fernando Mayorga Castro es abogado.
