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La reciente resolución de la Sala Constitucional acerca de la obligatoriedad del Estado, según lo que informa la prensa, de conceder asistencia gratuita a una persona que no cuente con recursos económicos suficientes para enfrentar procesos de familia supone un importante avance en uno de los temas cruciales de una democracia: el acceso a la justicia.
Más allá de los matices que, sin duda, deberán hacerse sobre cómo operacionalizar la decisión del Tribunal, lo cierto es que con ella se zanja un déficit de justicia que, a fuerza de costumbre, se ha escabullido de la mesa del debate.
Además, confirma la tendencia de que muchos de los grandes temas que implican no solo la protección –función típicamente judicial– sino también el reconocimiento de derechos, se resuelven ante los tribunales y no en otros espacios públicos de representación.
Luego, uno se ve inevitablemente tentado a pensar que las recurrentes críticas al activismo judicial y a los jueces “estrellas”, “ superman y wonder woman ” o “campeadores” –como se les ha llamado en España– se lanzan con excesiva ligereza. Más aún, en países, con democracias de débil o mediana intensidad, como los nuestros, donde al final lo importante no es ya quién toma las decisiones, sino qué decisiones se toman y cuál es –o puede ser– su impacto sobre las personas.
Derecho indispensable. Pero, sin duda, más allá del tema acerca del papel de los jueces y su legitimidad democrática para decidir sobre distintas cuestiones, lo que merece acentuarse, en esta ocasión, es la reivindicación que se hace a partir del voto de la Sala, del derecho a la asistencia letrada como condición indispensable a una tutela judicial efectiva.
Si no hay un Poder Judicial fuerte, independiente y accesible, los derechos fundamentales estarán más o menos desprotegidos, pero desprotegidos al fin. No habrá Estado de derecho allí donde los ciudadanos no tengan posibilidad de reclamar precisamente aquello de lo que el Estado es tributario, sus derechos. Impedir que la justicia se convierta en algo selectivo y diferenciado a la que no todos puedan acceder es un reto para cualquier sociedad democrática.
La necesidad de la garantía se sustenta también por los rasgos propios de cualquier materia jurídica. El derecho es una disciplina compleja, llena de tecnicismos y especificidades. Hay un elemento adicional que no puede soslayarse. Si algo ha distinguido históricamente a la comunidad jurídica profesional son sus actitudes cerradas, excluyentes y hasta elitistas. Se utiliza, para empezar, un lenguaje técnico –con el que algunos pensarán se alcanza la cientificidad– pero alambicado e incomprensible al resto.
Las garantías procesales construidas dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho, podrían convertirse para quien no es abogado, en letra muerta y en enigmas indescifrables. Esas particularidades no son exclusivas del derecho penal, si bien los valores que en el se debaten son de especial hondura, y de ahí que su atención, deba ser, como ha sido, prioritaria, en los otros procesos el acceso real a la justicia requiere de un patrocinio letrado, también real, para todos, no solo para quienes pueden costear los honorarios de un abogado.
El último gran punto es quién deberá brindar el servicio, especialmente si después se extiende a otras materias.
En un estudio acerca del nivel de satisfacción, el 94% de los usuarios encuestados calificó el trabajo que presta la Defensa Pública de Costa Rica como bueno o muy bueno.
Ciertamente, se trata de una institución cuyo desempeño –sobretodo en materia penal– ha sido objeto de reconocimiento nacional e internacional. Sin embargo, recargarla con nuevas competencias sólo porque ha sido buena puede ser muy riesgoso. Creo que la cuestión merece ser abordada con mucha precaución.
Es preciso entender que los conjuros para afianzar un sistema de derechos fundamentales son pura ilusión y que estos en última instancia, no son; se hacen. Siempre habrá cosas pendientes, esta sentencia es una buena señal.
