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El pasado 16 de mayo, la Oficina de Comunicación Institucional de la Universidad de Costa Rica (UCR) divulgó un comunicado suscrito por cuatro personas exrectoras. Con el tiempo, versiones contradictorias sobre su gestación revelaron fisuras en lo que pretendía ser un frente unido. Este episodio evidenció un síntoma de una crisis que sigue poniendo en tensión los cimientos éticos de la universidad.
La lucha contra la corrupción en nuestra universidad es una que debe convocar a todos los sectores de la comunidad universitaria. También, desde el respeto a la autonomía universitaria, a todos los sectores nacionales que creen en las funciones que nos fueron otorgadas constitucionalmente y que hoy no pueden ejercerse con plenitud cuando se ciernen dudas serias sobre la gestión institucional.
Algunos medios de prensa han informado sobre la entrega de edificios recientemente construidos que presentan deficiencias operativas. Han circulado noticias sobre la aprobación de un régimen salarial que, según se indica, habría carecido de criterios técnicos suficientes y estaría acompañado de posibles irregularidades en su tramitación. A ello se suman cuestionamientos relativos a la supuesta flexibilización de procedimientos disciplinarios y a presuntas solicitudes irregulares de ascenso, atribuidas a altos mandos de la institución.
Estas denuncias han calado hondo en el imaginario de la comunidad universitaria. Su sola mención en el debate público está provocando inquietud sobre la legitimidad moral de nuestras autoridades para liderar procesos fundamentales como la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Por una mínima fracción de las denuncias difundidas en la prensa, desde la comunidad universitaria alzaríamos nuestra voz contra cualquier autoridad de los tres poderes del Estado. Sin embargo, las personas exrectoras nos piden esperar el curso del debido proceso y abstenernos de divulgar irregularidades no formalizadas ante las instancias competentes y a preservar la “normalidad” institucional.
¿Dónde trazar el límite entre lealtad institucional y denuncia necesaria? Quizá la respuesta esté en entender que la autonomía solo florece cuando multiplica voces, nunca cuando las ahoga bajo el manto de una unidad artificial. Porque el mismo principio que protege a la universidad de interferencias externas la obliga a ejercer auditoría moral permanente contra amenazas internas, como la corrupción en las altas jerarquías universitarias.
Invocar la autonomía universitaria no puede significar blindarse ante toda crítica.
En circunstancias como estas, resulta difícil sostener una apariencia de normalidad institucional. La comunidad universitaria merece una administración transparente y sujeta a estándares rigurosos de legalidad. La sostenibilidad financiera de nuestra casa de estudios, así como su legitimidad ética, se ven comprometidas cuando las decisiones no son comunicadas con claridad ni sustentadas con criterios verificables.
Los dictámenes OJ-335-2024 y OJ-471-2024, de la Oficina Jurídica, advirtieron sobre posibles inconsistencias en la aplicación del Régimen Salarial Académico. Estos dictámenes merecen atención urgente. De confirmarse las advertencias contenidas en ellos, podrían derivarse consecuencias significativas en el plano institucional, y los números inquietan. Si las advertencias se materializaran en reclamos judiciales, podríamos enfrentar una crisis presupuestaria sin precedentes. Y cada colón mal administrado es una beca negada, un laboratorio incompleto, un sueño estropeado.
La buena fe de las personas docentes que confiaron en estos procesos debe ser respetada, y no puede servir como excusa para eludir responsabilidades de carácter estructural. El rol de la Rectoría es garantizar la legalidad, no relativizarla.
La comunidad universitaria ha demostrado que no está polarizada, sino que es profundamente crítica, plural y activa. Frente al temor que aún paraliza a ciertos sectores docentes y administrativos, han surgido movimientos que apelan a la digna esperanza. No se trata de una “guerra civil”, sino de un debate sobre el tipo de institución que queremos y merecemos.
Este momento exige una pregunta incómoda: ¿qué autonomía defendemos? La de 1918, cuando la Reforma de Córdoba estalló contra la autoridad “tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión”, ¿o aquella que algunos temen se convierta en retórica vacía?
Hoy, la sombra de Córdoba se proyecta en nuestras aulas. Porque la verdadera autonomía no le teme al escrutinio; lo exige. Y quizás el mayor riesgo no sea la polarización, sino la indiferencia. Porque cuando se naturaliza el conflicto entre transparencia y lealtad institucional, se traiciona el espíritu de Córdoba, que en sus proclamas reza: “Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando […] En adelante solo podrán ser maestros […] los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, de belleza y de bien”.
El Rector y el Consejo Universitario harían bien en recordar estas palabras. Porque quienes nos manifestamos no lo hacemos por terquedad, sino en fidelidad a esa chispa incómoda que llamamos conciencia crítica. Porque la universidad que soñamos exige autoridades éticamente solventes, capaces de encarnar con valentía los principios que históricamente hemos defendido. Una universidad que no oculta sus heridas bajo rituales de normalidad, sino la que convierte cada crisis en taller abierto de democracia.
No somos mercancía en manos de políticos. Exigimos una universidad donde cada rector recuerde que su cargo es un servicio, no un botín.
henry.alvarezsandi@ucr.ac.cr
Henry Marcial Álvarez Sandí es estudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR).
