Tal vez sea mi memoria la que comienza a fallar o quizá sea la columna que ya se encorva con los años, pero juraría haber escuchado durante la campaña política que Costa Rica marchaba por muy buen camino.
Sin embargo, los indicadores parecen contar una historia distinta. Entre junio del 2025 y mayo del 2026 la población ocupada registró una disminución interanual sostenida. Cada vez hay menos empleo. La actividad económica pierde dinamismo, tanto en las zonas francas como en el resto de la economía. Más recientemente, Hacienda reportó una caída en la recaudación y un aumento de la deuda pública hasta el 60,5 % del PIB.
Más allá de las cifras, existe otra realidad igualmente preocupante. Demasiados actores políticos parecen más empeñados en impedir que el adversario avance que en permitir que Costa Rica lo logre. Uno termina preguntándose si el verdadero problema del país son los cuarenta ladrones del viejo cuento o las cuarenta trincheras desde las cuales cada grupo político parece decidido a impedir que el otro dé un solo paso.
El país no aguanta más
Nuestro país no soporta otros cuatro años de inmovilidad. Ya ha tenido demasiados. La infraestructura espera ya sin paciencia. La seguridad espera. La generación de empleo espera. Miles de costarricenses esperan oportunidades que ya no pueden seguir posponiéndose indefinidamente.
Gobernar no significa imponer. Pero tampoco puede significar quedar condenado a una parálisis permanente, esperando que en el próximo período electoral algún partido alcance, por sí solo, los treinta y ocho diputados necesarios para impulsar las grandes transformaciones que el país reclama.
Defender la democracia tampoco significa aceptar un poder absoluto. Sigo creyendo firmemente en la independencia de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y de todas las instituciones que conforman nuestro sistema de pesos y contrapesos. Esas instituciones existen precisamente para impedir los excesos del poder. Pero tampoco puede confundirse la fiscalización con el bloqueo sistemático.
Cuando una propuesta fue presentada abiertamente durante la campaña electoral y recibió el respaldo mayoritario de los ciudadanos, merece, al menos, ser discutida y valorada con seriedad, no rechazada únicamente porque proviene del partido que gobierna.
Eso no significa guardar silencio frente a nombramientos cuestionables, incoherencias políticas o decisiones que puedan debilitar nuestras instituciones. La crítica seguirá siendo indispensable. El poder siempre debe estar sometido al escrutinio ciudadano. Pero una cosa es fiscalizar y otra muy distinta convertir la obstrucción en una estrategia permanente.
No es botín de los vendedores
Y mientras unos bloquean por sistema y otros, en ocasiones, parecen confundir el ejercicio del poder con el reparto de favores o nombramientos difícilmente explicables. Resulta inevitable recordar la vieja historia de Alí Babá y los cuarenta ladrones. No porque crea que Costa Rica esté gobernada por cuarenta ladrones, sino porque ningún gobierno debe olvidar que el poder público jamás puede convertirse en botín de quienes ayudaron a conquistarlo.
Si gobierno y oposición transforman cada proyecto nacional en un campo de batalla, los únicos derrotados seremos los costarricenses. Y Costa Rica no necesita vencedores políticos.
Necesita servidores públicos capaces de comprender que el verdadero tesoro de la República nunca estuvo escondido en una cueva. Siempre ha sido su democracia, su institucionalidad y la capacidad de sus ciudadanos para construir acuerdos.
Sería una tragedia que, mientras seguimos buscando a los cuarenta ladrones, terminemos perdiendo el verdadero tesoro.
Jaime Feinzaig es cirujano dentista y exembajador de Costa Rica en Italia.