Como exfuncionario de AyA durante más de 45 años, me permito, respetuosamente, establecer las siguientes recomendaciones para los 20 candidatos a la Presidencia de la República (2026-2030), con el fin de ampliar las coberturas de agua potable y saneamiento, especialmente en el tratamiento de las aguas residuales en Costa Rica.
En ambos servicios, la rectoría técnica está a cargo del AyA, por lo que la primera recomendación es fortalecer a esta noble institución mediante la designación de miembros de la Junta Directiva con la solvencia académica y profesional suficiente para dirigir al Instituto, con conocimiento y experiencia en el manejo administrativo y operativo de estos indicadores básicos de salud.
En este orden de cosas, es necesario aclarar los nuevos conceptos de “agua potable gestionada en forma segura” (APGEFS) y “saneamiento gestionado en forma segura” (SGEFS).
El APGEFS es el agua que proviene de una fuente mejorada o protegida, que está disponible dentro de las instalaciones cuando se necesita y que está libre de contaminación fecal y de sustancias químicas tóxicas. Es decir, para cumplir con esta definición, es fundamental mantener un control sistemático de la calidad del agua y, a su vez, asegurar que el servicio de abastecimiento se suministre de manera continua.
En este aspecto, a nivel nacional, según la OMS/UNICEF en su informe “Avances en materia de agua potable, saneamiento e higiene en el mundo: 2000-2024”, publicado en agosto del 2025, la cobertura de APGEFS en Costa Rica fue del 82% en 2024; sin embargo, la cobertura del suministro de agua sin contaminación fecal ni química alcanzó el 94% ese mismo año. Esto indica que la diferencia con el APGEFS se relaciona con problemas de discontinuidad del servicio en algunas zonas del país.
En el caso del SGEFS, este se define como la eliminación segura de las excretas mediante instalaciones que no se comparten con otras viviendas y que están conectadas a un sistema de tratamiento o disposición final. Esto incluye desde el uso individual y seguro de inodoros conectados al alcantarillado con tratamiento, hasta la gestión de fosas sépticas, el transporte y tratamiento de lodos, así como otras acciones como la higiene y el lavado de manos con agua potable y jabón.
En este indicador, el mismo informe de la OMS reporta un 25% de SGEFS en el país, lo cual equivale a que solo la cuarta parte de la población cuenta con alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales, mientras que el saneamiento básico mediante tanques sépticos alcanzó un 74,5% en 2024.
Ante esta situación, se recomienda al nuevo gobierno, en cuanto al acceso a APGEFS, reactivar los proyectos de inversión de la quinta etapa del Proyecto de Abastecimiento, conocido como Orosi II, además de pasar de las palabras a los hechos en el Proyecto de Agua para la Bajura, en Carrillo, Santa Cruz y Nicoya (Paacume).
Con respecto a los proyectos de alcantarillado sanitario, es esencial implementar la segunda etapa del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de San José, que abarca 11 cantones, incluido el tratamiento secundario de la planta Los Tajos. Este proyecto es trascendental para limpiar los ríos de la cuenca Virilla-Tárcoles y evitar que las tuberías de la primera etapa queden sin interconectar o enterradas sin uso.
A ello se suma la necesidad de reactivar los préstamos para los alcantarillados sanitarios de Jacó, Quepos, Golfito y Palmares, así como solventar el proyecto inconcluso del alcantarillado de Puerto Viejo, en Limón.
Por último, es menester fortalecer el Laboratorio Nacional de Aguas con equipamiento, personal y la construcción de un nuevo edificio que permita vigilar adecuadamente la calidad de ambos servicios.
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Darner A. Mora Alvarado es salubrista público.