EscucharDurante la XII edición del evento “90 minutos por la vida”, los costarricenses pudimos enteramos de una nueva deficiencia de la administración pública, que evidencia cómo el poder político maneja a su antojo los bienes del Estado, sin límites ni controles, lo que deviene en actos de corrupción.
Cuando se administra un espacio con 35.000 localidades que deben ser vendidas para un evento, todo ese aforo debe ser objeto de un registro previo en tesorería, ya sea por parte del Estado –si se trata de una actividad especial– o por un particular que, mediante arriendo, se convierta en promotor comercial.
Los tiquetes son papeles con valor. Su control debe respaldarse por medio de un asiento contable que permita fiscalizar la emisión total del aforo, y la liquidación posterior de la operación económica (ingreso por venta y boletos no vendidos). Colocar 35.000 localidades sin un control de tesorería facilita negocios corruptos, que el Estado no debe propiciar al solicitar un porcentaje de los tiquetes cuyo valor comercial no queda registrado dentro del monto del alquiler del inmueble. Así, no hay forma de controlar el uso adecuado de ese recurso.
Los lamentables hechos recientes nos indican que la administración del Estadio Nacional debería recaer en una entidad ajena al poder político.
Esa entidad podría administrar adecuadamente, de manera autónoma y en beneficio de la población, esa joya arquitectónica.
El Icoder nos ha informado de que se está gestando una política de realización de 4 o 5 megaeventos anuales. Esta programación procura generar los recursos económicos necesarios para el mantenimiento del inmueble. Pareciera que nadie le ha dedicado tiempo ni estudio al valor operacional que representa ese estadio como actividad económica.
Estructurar los recursos para mantener el Estadio Nacional de esta manera es posible que desestimule a la empresa privada de realizar los eventos por su alto costo y, en consecuencia, deberá ser el Estado el que tenga que asumir ese costo vía presupuesto, de manera que estas magníficas instalaciones deportivas serán usadas en un futuro próximo únicamente para actividades políticas y comunales dentro de un deterioro casi seguro que se deriva del mal manejo que tradicionalmente el Estado da los bienes y servicios de todos los costarricenses.
Conviene que la entidad que tome la administración pueda conocer previamente cómo el Estadio Azteca gestiona, promueve y realiza un programa intensivo de eventos, que ronda las 200 actividades anuales, con un mantenimiento de primer orden de la cancha y en sus instalaciones en general.
