EscucharEl Estado ha sido muy eficiente en el otorgamiento de apoyo económico a los grupos vulnerables, lo que hace posible un mejor nivel de escolaridad entre las poblaciones con menos ingresos.
El país lleva a cabo un enorme esfuerzo para que los jóvenes finalicen la secundaria; sin embargo, cuando se trata de estudios universitarios la realidad es muy distinta.
Las universidades públicas reciben menos de una tercera parte de los alumnos que finalizan la secundaria. El 90% de quienes cursan estudios universitarios pertenecen a grupos poblacionales sin problemas socioeconómicos.
Cursar una carrera se traduce en una tasa de desempleo hasta cuatro veces inferior a la que corresponde a quienes únicamente cuentan con la secundaria completa o incompleta. El remedio no debe postergarse más para eliminar la desigualdad en el acceso a la educación superior.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública, el 80% de los jóvenes que terminan la secundaria y provienen de hogares en condiciones socioeconómicas difíciles no están logrando dar el salto a la universidad. Las desigualdades implican la reducción de posibilidades para que los muchachos consigan empleos estables y mejores salarios.
Es una verdad de Perogrullo afirmar que la falta de estudios formales crea mayor desempleo y menos ingresos a lo largo de la vida. Por tanto, ampliar la cobertura es una de las prioridades para combatir la crisis educativa.
Apoyar a los estudiantes para que sigan educándose no debería ser solo una obligación técnica en procura de la equidad social, sino también un imperativo moral de la sociedad, porque es una forma de distribuir la riqueza a través del esfuerzo personal y la generación de oportunidades reales y sostenibles.
Los estudiantes que consiguen un título universitario se ubican en el 60% de los casos dentro del 20% de los hogares con mayores ingresos en el futuro, de tal forma que mejora la calidad de vida, la sostenibilidad financiera y el mañana de sus descendientes.
Unos 70.000 estudiantes se graduaron de secundaria en el 2020. Una tercera parte fue admitida en universidades públicas, la minoría son estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema.
La mayor parte de los estudiantes que se gradúan de la secundaria deben buscar espacio en una universidad privada; algunos pocos con ingresos del hogar, otros laboran, algunos mediante préstamos y una tercera parte no ingresa por carecer de recursos.
El MEP, mediante el programa de becas postsecundaria, cubre a una población aproximada de 4.500 estudiantes. Lo anterior implica que el 80% de los estudiantes nuevos que cada año obtienen el bachillerato no logran ingresar ni a las universidades públicas ni a las privadas.
Mediante la ley para la equidad en el acceso a estudios universitarios para estudiantes en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social, se pretende incrementar los recursos del programa de becas postsecundaria de un 0,43% a un 2% con recursos del Fodesaf, con el fin de brindar oportunidad a cerca de 8.000 estudiantes nuevos.
Un informe ampliado del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señala que el monto no comprometido con un beneficiario específico del Fodesaf oscila entre un 10,83% y un 12,75%, es decir, echar a andar una iniciativa para hacer asequibles las carreras universitarias sin nuevo endeudamiento es posible.
Solo la mitad de las personas de entre 18 y 24 años consiguen entrar a la universidad. Si el proyecto de ley que se discute en el Congreso, y que ya superó la fase de dictamen en comisión y las consultas, es aprobado en esta legislatura, se abrirán oportunidades a más jóvenes que desean superarse y ascender en la sociedad.
El autor es diputado.
