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La etiqueta de “economía jaguar” incomoda a muchos. Discutir por una metáfora y construir una crítica eligiendo a conveniencia solo los hechos que satisfacen una posición propia es un claro síntoma de un sesgo de confirmación.
Costa Rica no vive un espejismo. El Banco Central informó de que en el 2025 el crecimiento económico fue del 4,6% y que, según el Informe de política monetaria de abril del 2026, la economía costarricense crecería, en promedio, un 3,5% en el 2026 y el 2027. Los datos más recientes del índice mensual de actividad económica también muestran una expansión: en abril del 2026, la variación interanual de la tendencia ciclo fue del 3,4%, aunque menor a la observada en el mismo periodo del año anterior, del 4,3%. Sí hay desaceleración, pero no estancamiento.
En un debate serio, no se debe negar ni ocultar el comportamiento del crecimiento. El mismo Banco Central ha señalado que el dinamismo económico costarricense convive en una economía dual: un régimen especial que corre y un régimen definitivo que camina. Esto exige ampliar encadenamientos, productividad y empleo de calidad. Pero presentar esa dualidad como prueba de que el crecimiento es ficticio es una pirueta argumental.
El mercado laboral exige la misma precisión. El Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que, para el primer trimestre del 2026, la tasa neta de participación fue del 54,1%; la tasa de ocupación, del 50,3%, y la tasa de desempleo, del 7,1%. Por su parte, el Banco Central también indicó que, a mayo del 2026, el desempleo fue del 6,7%; la participación, del 54,3%, y la ocupación, del 50,7%.
La baja participación laboral es un problema real, pero convertirla en prueba inequívoca de fracaso económico es una sobresimplificación de la realidad. El Banco Central ha vinculado la caída en la participación y ocupación a cambios estructurales, como la recomposición demográfica costarricense. Ignorar este contexto para usar la tasa de participación como garrote político no es análisis: es conveniencia argumental.
Con la recaudación de impuestos ocurre algo parecido. Es cierto que una economía dinámica debería robustecer los ingresos tributarios. Sin embargo, la recaudación no depende solo del PIB: también está en función de su base tributaria, de la composición sectorial del crecimiento y de decisiones legales que reducen los ingresos.
El Programa Estado de la Nación documentó que solo entre diciembre del 2024 y julio del 2025 fueron aprobadas 17 exoneraciones fiscales. Estimaciones del Ministerio de Hacienda apuntan a que nueve de estas iniciativas representaron una reducción de ingresos superior a ¢152.000 millones. Se presenta la caída de ingresos tributarios como “prueba” de fracaso económico, al tiempo que, acomodadizamente, se omite señalar las exoneraciones tributarias aprobadas, el contexto internacional, la elevada incertidumbre, las tensiones geopolíticas o las presiones sobre el precio de la energía. Una lectura honesta y objetiva debería, como mínimo, incluir todas estas variables; lo contrario es simple pereza intelectual.
El país tiene desafíos evidentes: elevar la participación laboral, mejorar la productividad, ampliar encadenamientos, revisar exoneraciones y mejorar la salud fiscal. Reconocer esos retos no obliga a negar los avances. Un análisis objetivo debe incluir ambos aspectos: hay dinamismo macroeconómico y rezagos estructurales.
La discusión pública demanda una lectura completa. Ni propaganda complaciente ni crítica selectiva. El país merece una conversación que mire el crecimiento, el empleo, la estructura productiva, las exoneraciones y el mundo incierto en el que Costa Rica compite. Porque, en economía como en democracia, a más rigor, mejor la crítica.
Nogui Acosta Jaén es jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano.
