En Costa Rica, hablar de comercio exterior ya no puede limitarse a eficiencia portuaria, tiempos de despacho o apertura de mercados. La seguridad logística se ha convertido en un factor central de competitividad. Un país que en 2025 alcanzó exportaciones totales por $35.243 millones no puede tratar la protección de su cadena de suministro como un tema accesorio.
El riesgo es concreto. El robo de contenedores, la sustracción de mercancías en tránsito, la contaminación de cargas con droga, la manipulación no autorizada de unidades, la suplantación documental y la infiltración del crimen organizado en nodos logísticos ya forman parte del mapa de riesgos del comercio moderno.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre 2020 y 2024 se registraron 580 casos de sustracción de contenedores y, en 2025, las denuncias superaban 90 incidentes. No se trata solo de pérdidas económicas: se afecta la reputación del país, el costo de los seguros, la continuidad operativa y la confianza de clientes internacionales.
El narcotráfico agrega una dimensión aún más delicada. En mayo de 2025, las autoridades reportaron el decomiso de más de una tonelada de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín y, al 26 de julio de 2025, la Operación Soberanía acumulaba 14.692 kilos decomisados desde su inicio, en 2023. Estas cifras confirman que Costa Rica está ubicada en una zona logística estratégica, y esa ventaja también la convierte en punto de interés para estructuras criminales transnacionales.
La respuesta país debe ser integral. Los escáneres, la inspección no intrusiva y la revisión de contenedores son avances relevantes. En 2025 se anunció que todos los contenedores de exportación que ingresaran a Moín pasarían por escaneo y el Ministerio de Hacienda impulsó una política nacional para extender esa tecnología a puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Pero la tecnología por sí sola no basta: se requiere interoperabilidad de datos, trazabilidad de rutas, protocolos de custodia, análisis de riesgo, debida diligencia de proveedores, capacitación del personal y coordinación real entre aduanas, policía, operadores portuarios, transportistas, navieras, almacenes fiscales y sector privado.
Es necesario comprender que la seguridad de la cadena de suministro empieza mucho antes de que una carga llegue al puerto. La selección de transportistas, la validación de patios, la custodia documental, el control de accesos, el monitoreo satelital, la revisión de sellos, la trazabilidad de paradas y la cultura interna de cumplimiento son parte del mismo ecosistema.
Una empresa puede cumplir con todos sus trámites aduaneros y, aun así, quedar expuesta si no cuenta con controles preventivos sobre sus proveedores, rutas, personal tercerizado y puntos críticos de transferencia.
Costa Rica necesita pasar de una lógica reactiva, centrada en detectar incidentes cuando ya ocurrieron, a una lógica predictiva, capaz de identificar patrones, zonas vulnerables, operadores de mayor exposición, horarios sensibles y comportamientos atípicos en la cadena.
La seguridad logística debe entenderse como una inversión, no como un costo. Cada contenedor contaminado, robado o manipulado genera retrasos, investigaciones, pérdida de contratos, aumento de primas, daño reputacional y posibles sanciones en destino. En un entorno global donde los compradores exigen trazabilidad, cumplimiento y resiliencia, el país debe posicionarse como plataforma confiable.
Desde la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), consideramos que proteger la cadena de suministro es proteger el comercio exterior, el empleo y la credibilidad del país. Para el sector empresarial y para las organizaciones vinculadas al comercio exterior, el llamado es claro: la competitividad futura de Costa Rica dependerá no solo de cuánto exporta o importa, sino de cuán segura, trazable y confiable sea su operación logística.
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Rodney Salazar es el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex).
